Jefes de servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela han cometido crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición, dirigidos por el presidente Nicolás Maduro y sus colaboradores, denunció la ONU.
La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFMV, por sus siglas en inglés) publicó este martes su tercer informe anual en el que denuncia los crímenes de lesa humanidad cometidos por los servicios de inteligencia que responden al dictador Nicolás Maduro.
El informe detalla, entre otras cosas, el funcionamiento de la cadena de mando y el modus operandi de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).A pesar del poder de Maduro en el SEBIN, varios testigos entrevistados por la Misión confirmaron que el diputado oficialista y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, también tiene una ascendencia importante en el organismo. Sin embargo, es Maduro quien tiene la facultad para nombrar a los directores generales de ambos organismos.
Los testigos que hablaron con la Misión dijeron que Cabello ostenta relaciones de confianza con los funcionarios del SEBIN, en especial con Gustavo González López, actual Director General del organismo, y con Carlos Calderón Chirinos, otro alto mando del servicio.
Según el militar y ex jefe del SEBIN Cristopher Figuera, Maduro decidía quiénes serían torturados, quiénes permanecerían detenidos y quiénes serían liberados. Otro exagente del SEBIN aseguró que las torturas eran ordenadas en su mayoría por González López y Calderón Chirinos. “Si los agentes del SEBIN se negaban a participar en los actos de tortura, Calderón Chirinos los golpeaba para intimidarlos ‘y así hacerse respetar’”, sostiene el informe.
El documento también menciona a Iván Rafael Hernández Dala, quien se desempeña como Director General de la DGCIM desde 2014. Testigos que hablaron con la Misión afirmaron que desde que Hernández Dala dirige la DGCIM progresivamente ha reportado más de forma directa a Maduro que al Ministerio de Defensa. Hernández Dala ha sido objeto de varias sanciones internacionales por violaciones de los derechos humanos.
En la dirección del despacho Hernández Dala aparece el Teniente Coronel (GNB) Alexander Enrique Granko Arteaga, quien dirige su propio grupo en la Dirección de Asuntos Especiales (DAE). Es considerado como uno de los funcionarios que actúa con mayor crueldad en las violaciones de derechos humanos. Fuentes de la Misión dijeron que Granko Arteaga también depende directamente de Maduro.
De acuerdo al informe, los detenidos eran llevados a la sede del SEBIN en Plaza Venezuela o a El Helicoide, un antiguo centro comercial en Caracas. Una de las prácticas habituales del SEBIN era mantener al detenido incomunicado durante horas, días o semanas. En algunos casos, se trataba de desapariciones forzadas de corta duración. Su paradero permanecía desconocido entre un día y 12 semanas. Un exagente del SEBIN declaró a la Misión que el servicio también tenía casas seguras o clandestinas en todos los estados de Venezuela, generalmente en zonas remotas, que eran utilizadas como centros de detención clandestinos. El informe precisa que las casas son confiscadas por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA)] o por el propio SEBIN para luego convertirlas en escondites o lugares de tortura.
Los agentes del SEBIN interrogaban a los detenidos sin abogados y no les permitían el contacto con ellos. Les preguntaban sobre sus conexiones con políticos opositores, su participación en protestas políticas, su recepción de financiación internacional o su participación en supuestas conspiraciones u otros delitos contra el régimen. También eran obligados a filmar declaraciones bajo coacción o tortura. Algunos denunciaron que fueron torturados para que revelaran las contraseñas de sus redes sociales y cuentas de correo electrónico.
Las víctimas dijeron haber sido obligadas bajo coacción a filmar declaraciones en las que se incriminaban en actos que no habían cometido, muchas de las cuales se hicieron públicas. Una detenida detalló que le exigieron grabara una declaración varias veces porque, según el agente que la filmaba, al “jefe no le gustaba”.
Ocho métodos de tortura
En cuanto a las torturas, el informe afirma que los actos comenzaban como “malos tratos, como negar comida o agua, y luego se volvían más severos, dependiendo de la reacción de la víctima y/o de la actitud de los funcionarios involucrados”.
La Misión documentó los siguientes actos de tortura, violencia sexual y otros malos tratos contra las personas detenidas:
• posiciones de tensión denominadas la “crucifixión” (brazos extendidos y esposados a tubos o rejillas) y “el pulpo” (un cinturón metálico con cadenas atadas para inmovilizar la muñeca y los tobillos);
• asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un cubo de agua;
• golpes, a veces con un palo u otros objetos contundentes;
• descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo;
• amenazas de muerte o de violencia adicional;
• amenazas de violación contra la víctima y/o sus familiares;
• desnudez forzada incluso en habitaciones mantenidas a temperaturas extremadamente bajas;
• estar encadenado durante largos períodos de tiempo.
El contundente reporte, al que tuvo acceso Infobae, concluye que los organismos de inteligencia del Estado civil y militar de Venezuela funcionan como estructuras bien coordinadas “en la ejecución de un plan orquestado en los niveles más altos del gobierno para reprimir la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad”.
En ese sentido, los investigadores de la ONU detallan las funciones y contribuciones de varios funcionarios del régimen chavista en los distintos niveles de las cadenas de mando dentro de los organismos de inteligencia.
“Nuestras investigaciones y análisis demuestran que el Estado venezolano se apoya en los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Al hacerlo, se están cometiendo graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, señaló Martha Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU, quien, además, instó a las autoridades chavistas a investigar estos casos.
“Estas prácticas deben cesar inmediatamente, y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, agregó.
Fuente: Infobae
