Una serie de protestas sociales en el país, principalmente en Potosí, obligaron al Gobierno del MAS a derogar, en noviembre de 2019, el decreto supremo que autorizaba la creación de una sociedad mixta entre la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la alemana ACI Systems (ACISA), para la explotación del litio.
“Lo que haremos es no buscar una confrontación, la salida amigable es pedirles a ellos que los depósitos que realizaron posiblemente en la conformación de la empresa mixta, puedan ser recuperados por parte de Alemania y por parte de Bolivia”, señaló en un desayuno con periodistas en La Paz.
Torrico cuestionó la firma del contrato con ACISA, ya que el Estado boliviano podía ser vetado en las decisiones de la empresa mixta, a pesar de tener la mayoría de acciones en esa firma.
“El proyecto de la empresa mixta como tal tenía un directorio en el que Bolivia solo de nombre tenía la mayoría, pero en los hechos tenía un veto de parte de las empresas minoritarias que, en este caso, colocaban los recursos”, dijo.
“Por lo tanto consideramos que (la sociedad) no fue la más racional y adecuada”, agregó.
