La ampliación de la Ley 247 permitirá que los Gobiernos Autónomos Municipales, Juzgados, Derechos Reales y vecinos continúen con los trámites pendientes de homologación del radio urbano y sus viviendas particulares, tanto en la vía judicial como administrativa.
El pleno de Diputados aprobó, por mayoría absoluta, el proyecto de Ley 302/2021-2022, que tiene por objeto ampliar hasta el 2025 la vigencia de la Ley 247 de Regularización del derecho propietario sobre bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda, beneficiando con ello a más de cuatro millones de propietarios. La norma fue remitida al Senado para su consideración.
“El proyecto de Ley permitirá la ampliación del plazo para que los gobiernos autónomos municipales puedan concluir los tramites de homologación de sus áreas urbanas”, explicó el presidente de la Cámara Baja, Freddy Mamani Laura. A través de la legalización de las propiedades, las familias podrán acceder a servicios básicos y mejorar sus condiciones de vida, complementó.
175 municipios a escala nacional, que a la fecha no legalizaron sus radios urbanos, podrán acogerse a la Ley, precisó por su parte el presidente de la comisión de Planificación, Política Económica y Finanza, diputado Omar Yujra (MAS-IPSP).
La Ley 247 fue promulgada durante el gobierno de Evo Morales, el 2012, sufrió una última modificación el 18 de septiembre de 2019, ampliándose por tres años la posibilidad para que las alcaldías y las familias propietarias de viviendas, homologuen su documentación.
Ante el vencimiento del plazo para los trámites, los diputados Omar Yujra, Juan José Huanca, Hernan Duran y Edwin Rosas presentaron sus propuestas legales a la Asamblea Legislativa. Asimismo, lo hizo la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia (Conaljuve). Todas ellas fueron unificadas en una sola norma que ayer fue aprobada por los Diputados.
“Es una normativa excepcional. Hay muchos vecinos, más de 4 millones de personas que no tienen su derecho propietario en Bolivia, por lo tanto, necesitan esta normativa. Los gobiernos municipales tienen un reglamento que no se adecua a la problemática de los vecinos, por eso han pedido que, a través de esta normativa, podamos llegar a este escenario (de impulsar el proyecto de ley)”, dijo Mario Mita, presidente de Conaljuve.
Modificaciones en el pleno
El proyecto de ley modificado, cuenta con cuatro artículos, tres disposiciones adicionales y cuatro disposiciones finales. A sugerencia del diputado Omar Yujra, se incorporó los incisos (b) y (g), en el parágrafo II del artículo 3.
b) Certificación técnica individual emitida por el Gobierno Autónomo Municipal, que demuestra inequívocamente la pertenecía al radio o área urbana, ubicación, colindancias, superficie y dimensiones del bien inmueble a regularizar. En caso de no contar con dicha documentación, el juez en la providencia de admisión dispondrá que el gobierno Autónomo Municipal emita la referida documentación en el plazo máximo de 20 días calendario, bajo responsabilidad funcionaria. En la audiencia única del proceso extraordinario, necesariamente deberá contarse con dicha documentación.
g) Acreditar la inexistencia de un proceso judicial pendiente. La certificación será emitida por la oficina de servicios judiciales. En asientos judiciales provinciales será emitida por los jueces semaneros sobre la posesión del bien inmueble a regularizar, que haya iniciado con anterioridad a las publicaciones de la presente ley.
Fuente: Economy
