El fiscal encargado del caso dijo que no había elementos de prueba.
La Fiscalía de La Paz rechazó una denuncia interpuesta por la bancada de Creemos por el cerco que encerró al departamento de Santa Cruz durante gran parte del paro indefinido convocado por el censo en 2023. La misma era por los delitos de terrorismo, atentados contra la salud y otros.
“Quien se encargó del análisis de esta denuncia fue el fiscal Osman Pereira, que es el fiscal que rechaza usualmente los procesos en contra de autoridades, en contra de otros fiscales, en contra de personas que están vinculadas al Gobierno. El día viernes nos hemos anoticiado que ha cumplido con su tarea de desestimar este tipo de denuncias, desestimando la de Creemos indicando que no hay elementos de prueba”, informó el abogado Juan Carlos Camacho a Erbol.
El letrado explicó que la denuncia fue interpuesta en La Paz, ya que el delito de terrorismo tiene un tratamiento diferenciado de los delitos comunes porque con un decreto supremo de Evo Morales definieron que la jurisdicción era la ciudad de La Paz. Además indicó que la jurisprudencia determinó que la Fiscalía no puede rechazar ni desestimar una denuncia por presuntamente no tener pruebas.
“Lo que ha hecho el fiscal es ir en contra de la jurisprudencia, en contra de la ley al desestimar esto por un favoritismo que existe con gente del oficialismo. Contrario a ello, el día en que presentan denuncia contra cívicos y miembros del comité interinstitucional y el gobernador de Santa Cruz, la admiten directamente el mismo día que la presentan”, cuestionó.
Cuando se cumplían cuatro días de paro indefinido, un sector de transporte pesado inició un cerco al departamento de Santa Cruz, con montañas de tierra en la doble vía a La Guardia. Los movilizados sostuvieron entonces que no iba a pasar “absolutamente nada” y poco a poco otros sectores se sumaron a la medida en rechazo al paro.
Ayer trascendió que una denuncia presentada por Marcelo Mayta, ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto, contra el gobernador Fernando Camacho, el líder cívico Rómulo Calvo y el rector de la Uagrm Vicente Cuéllar, fue admitida. La misma es por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, atentados contra mandatarios y otros.
Fuente: Página Siete
