El Gobierno prevé que hasta fines de esta gestión el financiamiento externo neto crezca en $us 2.347 millones y el interno neto aumente en $us 1.023 millones.
El Gobierno prevé que en este año el endeudamiento público crecerá en unos $us 3.621 millones, lo que -según analistas- muestra la apuesta de la administración de Luis Arce por el mantenimiento de las reservas internacionales netas (RIN) a través de la captación de divisas en mercados internacionales, así como la fragilidad de la economía boliviana.
El Programa Fiscal Financiero (PFF) 2023 suscrito este mes entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia (BCB) establece como objetivos que hasta fines de esta gestión el financiamiento externo neto crezca en $us 2.347 millones y el financiamiento interno en $us 1.023 millones.
A esto se suma un crédito interno neto del ente emisor al sector público no financiero de $us 250,14 millones y la autorización de un crédito neto de liquidez también del BCB de hasta $us 574,7 millones “como recurso de última instancia”.
Estas metas se fijaron en un momento en que el país arrastra un persistente déficit fiscal y en el que los saldos de la deuda estatal rompen récords. La interna alcanzó $us 15.155 millones a noviembre de 2022, la externa $us 12.697,6 millones a diciembre de 2021 y la de las empresas públicas $us 6.148 millones a junio de 2022, lo que hace un total de $us 34.000 millones, el 84,1% de la economía en 2021 y el 79% del PIB calculado para 2022.
Este escenario ya fue previsto a principios del año pasado por el Banco Mundial y posteriormente por el Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de informes que elevaron las voces de alerta en Bolivia sobre el crecimiento acelerado de la deuda pública total.
“A 2022, gracias a la implementación del modelo económico social comunitario productivo, y una política fiscal responsable, la deuda pública total de Bolivia se encuentra entre las más bajas de América Latina”, informó el Ministerio de Economía.
La institución, a través de un comunicado emitido el 8 de enero pasado, insistió en que la deuda externa de Bolivia es sostenible, llegando a 29,9% del PIB a octubre de 2022, lo que deja un importante margen para solicitar nuevos créditos internacionales.
“Si bien la deuda pública externa aumentó en términos nominales desde 2005, también lo hizo el tamaño de la economía, de manera que el nivel de endeudamiento está acorde con la evolución de la economía. Además (…), dichos recursos se destinaron a la inversión pública, la cual es el principal motor del crecimiento económico” del país, indicó el ministerio, que en su comunicado no mencionó la deuda pública interna ni la de las empresas estatales.
Para Róger Banegas, ex directivo del BCB, solo referirse a la deuda externa “es una forma parcializada de ver las estadísticas”.
Así, “siempre van a decir que los indicadores son sostenibles, que el endeudamiento público es menor al 50%, sin considerar el endeudamiento interno y el de las empresas públicas, que están dentro de la contabilización de deuda pública que el FMI utiliza en todos los países”, sostuvo.
“El Banco Mundial y el FMI están tomando en cuenta la deuda interna y la deuda de las empresas públicas porque son obligaciones que el Estado debe cumplir, porque comprometen las rentas del país con flujos de salida de recursos en divisas o bolivianos que están presionando el flujo de caja del Tesoro General de la Nación”, explicó José Gabriel Espinoza, ex directivo del Banco Central.
La normativa vigente, precisó, establece restricciones de endeudamiento para el crédito externo, pero no para el crédito interno, por eso el Gobierno trata de contabilizar solo la deuda externa como deuda pública.
Claudia Pacheco, vicepresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, consideró que la administración del MAS no se refiere a la deuda de las empresas públicas, porque “mostrar que las empresas públicas no estarían funcionando es algo contraproducente para el discurso político que muestra estabilidad del país”.
De acuerdo con datos oficiales, entre 2008 y 2021 el endeudamiento externo se incrementó en 407%, al pasar de $us 2.505 millones a 12.697,6 millones, un valor que se reportó luego de que el BCB excluyera de la contabilización las asignaciones y depósitos efectuados a cuentas del ente emisor por parte de organismos financieros internacionales.
Pacheco recordó que el Presupuesto General de Estado (PGE) 2023 prevé que la deuda externa “tenga un incremento considerable ($us 4.070,5 millones), lo que se traduce en una estabilidad delicada de la economía”.
Las obligaciones del TGN, a su vez, se dispararon en 203,7% en los últimos años, al subir de $us 4.474 millones en 2017 a 15.155 millones a noviembre de 2022.
La deuda de las empresas públicas con el BCB, por su lado, aumentó en 142% en los últimos ocho años, de $us 2.540 millones en 2014 a 6.148 millones.
Uno de los principales riesgos que conlleva el crecimiento de la deuda pública es su efecto en las Reservas Internacionales Netas (RIN), que permiten el pago de importaciones y deuda externa, que respaldan la estabilidad de la moneda nacional y que sirven como garantía de nuevos préstamos internacionales, entre otros.
Para Pacheco, más allá del endeudamiento y tomando en cuenta que el país arrastra un déficit fiscal desde hace casi una década, hay tres opciones reales para evitar una mayor caída de las RIN.
La primera es generar incentivos para atraer inversión extranjera directa (IED), lo que tendría efectos multiplicadores en la economía, como acceso a nuevos conocimientos, generación de fuentes de trabajo e ingresos, actualización en tecnología y recaudaciones por impuestos.
La segunda es promover y viabilizar las exportaciones, fomentando el ingreso y uso de la biotecnología, y aprovechando los recursos renovables del país.
La tercera es reducir el déficit fiscal, “disminuyendo el gasto corriente”, en especial el de sueldos y salarios del sector público.
“Si no se realizan los ajustes necesarios, sin lugar a dudas el endeudamiento sería la única opción para financiar este 7,49% de déficit proyectado”, aseveró.
En su último comunicado sobre el tema (21 de diciembre), el ente emisor vislumbró para 2023 señales de mejora y estabilidad. “Se espera la inyección de recursos externos de créditos ya contratados por el Gobierno asociados a proyectos de inversión pública. En efecto, a la fecha se cuenta con más de $us 3.400 millones de saldos por desembolsar, lo cual garantiza flujos continuos de divisas desde el exterior”, precisó.
Según Banegas, “lo que se va a jugar el Gobierno este año es el financiamiento externo”.
La emisión internacional de hasta $us 2.000 millones en bonos soberanos contemplada en la Ley Financial 2023 “también va a determinar la última línea (de sostenibilidad) de las reservas internacionales (…). Si no consiguen el financiamiento externo, se van a desfasar en las RIN y se van a sobregirar con el crédito interno, que es lo que ha sucedido en los últimos años”, sostuvo.
No obstante, insistió en que el financiamiento interno se presenta nuevamente como la mejor opción del Gobierno para conseguir recursos, ya que el externo tropieza con el elevado nivel de riesgo de Bolivia, el cual encarece el interés que los inversores internacionales piden, como sucedió en febrero de 2022, cuando los bonos soberanos se emitieron a un plazo de ocho años y una tasa de 7,5%.
De colocarse, los bonos soberanos de esta gestión tendrán tasas de interés de entre 9 y 10% que no podrá justificar el Gobierno, dijo.
Según el BCB, las metas cuantitativas del PFF 2023 se determinaron de acuerdo con un análisis de consistencia de las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, con el objeto de reconstruir la economía nacional y consolidar plenamente la estabilidad económica. El programa establece como objetivos un crecimiento del PIB del 4,86%, una inflación de fin de período en 3,28% y un déficit de 7,49%.
Banegas ve este programa “bastante optimista y ambicioso”.
“Desde la gestión de Luis Arce, el Programa Fiscal Financiero ha sido utilizado como una herramienta legal para habilitar créditos de liquidez”, apuntó Espinoza
“Como viene sucediendo con el PGE, las metas (del PFF) son básicamente dibujo libre. Se distorsionan demasiado para tratar de ajustarse tanto a las necesidades de financiamiento como a los flujos de divisas que necesita el Gobierno”, afirmó.
“Esas metas vienen de estos errores de estimación que se tienen ya desde el PGE, subestimando el gasto por el subsidio de los hidrocarburos y el gasto del Gobierno, y sobreestimando los ingresos por exportaciones. (…). Estas metas son el resultado contable de un modelo que hoy en dia está distorsionado por perspectiva políticas que introducen en el análisis tanto el ministerio de economía como el BCB”, sostuvo.
Fuente: El Deber
