Marco Rubio y otros legisladores enviaron una cara al presidente de Estados Unidos, en la que cuestionan la justicia y vulneración al estado de derecho.
A través de su cuenta de Twitter y de una nota de prensa, el senador de Estados Unidos, Marco Rubio dio a conocer que, junto a otros senadores, envió una carta al presidente de ese país, Joe Biden para “sancionar a los violadores de DDHH en Bolivia”.
Rubio y sus colegas senadores Rick Scott (R-FL) y Bill Cassidy (R-LA), así como los representantes Carlos Giménez (R-FL), María Elvira Salazar (R-FL) y Mario Díaz-Balart (R-FL) firman la misiva, que observa los “arrestos arbitrarios de líderes de la oposición en Bolivia, incluyendo a la expresidenta Jeanine Áñez y los excandidatos presidenciales Luis Camacho y Marco Pumari” e insta a Biden a que “promover el estado de derecho”.
“Está en el interés nacional de EE.UU. el garantizar que Bolivia respete el estado de derecho y defienda los derechos humanos de su propio pueblo. Por lo tanto, solicitamos la imposición oportuna de sanciones, según lo autorizado por la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones Consolidadas del 2023 en contra de todos los ciudadanos bolivianos responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos”, señala el trino de Rubio, que extrae texto de la carta que envió al presidente Biden.
De acuerdo con la misiva, los legisladores estadounidenses envían la carta a Biden por su “grave preocupación” por las acciones del Gobierno boliviano, que “ha atacado a los opositores políticos y socava el estado de derecho”. Además, cuestiona la administración de la justicia y los procesos por “cargos infundados de terrorismo”
Más adelante, uno de los párrafos de la carta manifiesta:
“La ausencia de una oposición robusta, sociedad civil y medios independientes en Bolivia proporcionan una puerta abierta para el Partido Comunista Chino (PCCh) y otros regímenes autoritarios para imponer aún más sus intereses estratégicos en el país sudamericano y la región. El pueblo boliviano debe tener la capacidad de evaluar y debatir rigurosamente los méritos de propuestas de inversión que el PCCh preferiría negociar a puerta cerrada. Como tal, es imperativo que Estados Unidos responsabilice a los violadores de derechos humanos bolivianos, que vulneran las libertades fundamentales de los candidatos de la oposición boliviana y de sus simpatizantes”.
Fuente: El Deber
