El interventor informó que el banco no tenía liquidez para el pago de salarios y beneficios; los empleados aseguran que hay fideicomisos que se pueden utilizar con ese fin. Se prevé acuerdos para el 30 de mayo.
Inmuebles de Fassil se venderán para pagar los salarios y beneficios sociales de los trabajadores de ese banco, anunció el interventor Carlos Colodro. A un mes de la intervención de esa entidad financiera, el funcionario pidió paciencia a los miles de empleados del cuarto banco más grande del país, que retomaron sus protestas e iniciaron medidas de presión para hacer valer sus demandas.
“Estamos generando condiciones para la venta inmediata de inmuebles”, informó Colodro, en su primera aparición pública luego de que el 26 de abril la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) decidiera intervenir el Banco Fassil, debido a que ya no contaba con la capacidad para devolver el dinero de los ahorristas.
“Este banco, que hoy está en intervención, no tenía los fondos suficientes y no tenía cómo enfrentar el pago de los beneficios sociales”, sostuvo, situación que según él fue explicada a delegados de los trabajadores.
Juan Carlos Alarcón, representante de los dependientes de Fassil, pidió que se usen para pagar la planilla del banco intervenido los más de $us 2,5 millones en fideicomisos que tenía esa entidad financiera y que fueron traspasados al Banco Unión.
En los últimos días, los trabajadores retomaron sus movilizaciones exigiendo salarios, finiquitos y que la mayor parte de ellos sea empleada en los bancos que se adjudicaron los depósitos y cartera de la entidad intervenida, o que los desvinculen para poder trabajar en otra empresa.
Ayer, un grupo de ellos cortó desde las primeras horas del día la ruta al norte, a la altura del municipio de Warnes.
Ante el reclamo, la Policía intervino el punto de bloqueo con agentes químicos. En La Paz, otro grupo realizó un plantón en puertas de la ASFI.
Colodro pidió los trabajadores “tranquilidad y paciencia”, para que se concluya el trabajo de intervención iniciado hace un mes.
“Vemos la preocupación de ellos, que tienen hijos, pero también tienen que comprender que nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo”, dijo el interventor, sin precisar cuántos o cuáles serán los inmuebles que serán vendidos.
Esta posición causó mayor incertidumbre en los trabajadores, ya que un total de 73 inmuebles -entre parqueos y oficinas- fueron anotados de forma preventiva dentro de las investigaciones que conducen la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y la Fiscalía contra cuatro exejecutivos del banco que presuntamente cometieron delitos financieros.
Alarcón sostuvo que la venta de los inmuebles requiere de “tiempo y dinero”, algo que ya no tienen los trabajadores de Fassil.
Detalló que esta situación fue expuesta en una reunión en la que participaron representantes del Ministerio de Trabajo y de la Defensoría del Pueblo, además de la diputada oficialista Deysi Choque, quien fue abucheada por los trabajadores al tratar de interceder en el conflicto social.
Como resultado de este encuentro se acordó realizar una mesa técnica para el martes. “Les vamos a demostrar que hay de donde sacar el efectivo para pagarnos”, dijo.
Desde la Defensoría del Pueblo aseguraron que de esta mesa técnica saldrá una solución para los trabajadores de ese banco. Incluso anticiparon que los funcionarios seguirán recibiendo la asistencia médica del seguro social.
El Ministerio de Trabajo, por su lado, aseguró que “va a hacer respetar”, los derechos de los trabajadores y que los “va a poyar para el pago de todos sus beneficios”.
Desde el 26 de abril pasado, la ASFI presentó demandas penales contra altos ejecutivos de Fassil, por haber entregado créditos millonarios a personas que no tenían capacidad de pago.
Ayer, en un comunicado, reguladora ratificó que la intervención “fue producto de las malas prácticas de los ejecutivos y directivos”, del banco, “y, sobre todo, de los manejos irregulares de los negocios comerciales y empresariales de los accionistas y directivos de su grupo empresarial, los cuales están fuera del ámbito de competencia de la labor de supervisión de ASFI”.
Fuente: El Deber
