El diputado Carlos Alarcón, CC, denunció el caso. Dijo que eso podría configurar el delito de daño económico al Estado. El ministro Del Castillo defendió la compra.
La alianza Comunidad Ciudadana (CC) denunció ayer que el Gobierno compró las manillas electrónicas para reducir detenidos preventivos en el país sin que se hubiera aprobado la ley en la Asamblea Legislativa. La oposición lo califica como daño económico al Estado.
“En el debate que tuvimos el martes sobre la ley en la Comisión de Constitución, esta autoridad presentó unas diapositivas que señala que tienen 500 manillas electrónicas, que adquirieron por Bs 2,2 millones a un precio unitario de Bs 4.500 por cada producto.
“Hablamos de que serían $us 320.000, aproximadamente, pero lo que cuestionamos es que el ministro está en la lógica del expresidente Evo Morales, que decía ‘le metemos nomás y después arreglan mis abogados’. Ahora, el ministro Del Castillo hace lo mismo y después arreglarán sus diputados y senadores del MAS”.
Cuestionó cómo es posible que “se compren estas manillas cuando la ley ni siquiera se ha aprobado. Me pregunto qué pasaría si se rechaza en diputados o en senadores. Eso configuraría el delito de daño económico al Estado, porque ya no se podría utilizar ese material”.
Además, dijo que no es un procedimiento claro y transparente. Primero, “debe aprobarse la ley y una vez que eso ocurre, entonces se puede realizar los procesos de contratación correspondiente, las licitaciones para adquirirlos. Es una irregularidad que primero se compren, y luego se apruebe la normativa. Una barbaridad”, señaló el diputado de CC.
La Comisión de Constitución de Diputados aprobó este martes el proyecto de Ley 358 de Dispositivos Electrónicos de Vigilancia. El proyecto fue remitido al pleno de esa cámara, informó Juan José Jáuregui (MAS), presidente de la comisión. Dijo que el objeto de la norma es regular el uso, control y funcionamiento técnico del dispositivo de vigilancia, como medida de protección especial a víctimas de violencia cuando su vida esté en riesgo, pero también servirá como medida cautelar de carácter personal.
En ese encuentro, el ministro Del Castillo aseveró que entre las ventajas está el bajar el hacinamiento carcelario. “Esos policías serán asignados para cumplir tareas de seguridad ciudadana, adelantó. Eso sí, señaló que estos dispositivos no serán para todos”, dijo.
La ley, se conoció, será tratada por el pleno de la Cámara de Diputados la próxima semana. La oposición cree que el MAS no lo hizo ayer por cálculo político.
Fuente: El Deber
