El proyecto de ley de “modificación a la Ley de Pensiones” dispone que los empleados que tengan esa edad y cumplan requisitos “se acogerán y ejercerán derecho a una pensión de vejez o pensión solidaria de vejez”.
El proyecto de ley de “modificación a la Ley de Pensiones” enviado por el presidente Luis Arce a la Asamblea Legislativa dispone que los asegurados al sistema de pensiones que hayan cumplido 65 años y que quieran seguir trabajando más allá de esa edad se deberán someter a un examen médico de aptitud física y mental. Un analista afirma que la medida es discriminatoria.
La propuesta legal acordada – según el documento– el 26 de abril de 2023 entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno establece que, “con el objeto de coadyuvar con la preservación de la salud y el bienestar de la población adulto mayor, los asegurados dependientes que tengan 65 años de edad y cumplan requisitos (…) se acogerán y ejercerán derecho a una pensión de vejez o pensión solidaria de vejez en el sistema de pensiones”.
Esta medida ya fue observada por sectores laborales activos, como el magisterio paceño, que la consideran una “jubilación forzada” en un momento en el que las rentas que ofrece el sistema de pensiones son “miserables”, lo que obliga a los trabajadores de mayor edad que ya se jubilaron a seguir trabajando para mantener sus ingresos.
“Este proyecto de ley está presentando la obligatoriedad para que las personas que cumplan 65 años se tengan que jubilar, para que ya no puedan seguir trabajando”, coincidió David Villarreal, especialista en seguridad social,. Remarcó que la medida atenta contra el derecho al trabajo de estas personas y que “no se tendría que poner ningún límite para que una persona se tenga que jubilar”.
La propuesta legal de Arce precisa que los asegurados de 65 años, “para su continuidad laboral, a solicitud expresa” de ellos mismos “podrán someterse a un examen médico de aptitud física y mental a cargo del Instituto Nacional de Salud Ocupacional, el cual evaluará el estado de salud del trabajador”.
Esta medida es para todos, con excepción de “autoridades electas, designadas y de libre nombramiento”.
Este examen “me parece una arbitrariedad total”, subrayó Villarreal. “¿Solamente ese grupo de personas (los políticos) no estaría con ningún desgaste físico o mental? todos lo tenemos. Creo que la ley tendría que ser pareja para todos”, cuestionó.
Según la exposición de motivos del proyecto de ley, “se evidenciaron casos en los que el resultado de la continuidad laboral de trabajadores mayores de 65 años repercute en la calidad de servicio que presta el trabajador”.
La implementación de esta norma “abre la posibilidad de nuevas fuentes laborales, para la inserción de nuevas generaciones y de esta manera reducir el nivel de desempleo que existe en el país”, cita el documento.
Alberto Bonadona, ex director del Sistema de Reparto (Senasir) cuestionó que esta medida sea tomada como una forma eficiente de creación de empleo.
Villarreal consideró que, “si la mayoría de las personas no se está jubilando, no es porque no quiere terminar una etapa laboral. Simplemente es porque las pensiones de vejez son demasiado bajas”.
Un estudio del investigador laboral Bruno Rojas indica que el actual sistema integral de pensiones paga rentas bajas equivalentes del 25% al 35% del salario referencial que un trabajador gana en vida activa. Jubilarse es “un mal negocio”, un castigo para el trabajador, dijo. Con esas rentas “no pueden cubrir sus requerimientos y pasan a filas de la población pobre”, puntualizó.
“Con esto lo que van a provocar es incrementar mucho más esa población adulto mayor empobrecida, porque van a tener pensiones sumamente bajas”, indicó Villarreal.
Fuente: El Deber
