La dirigencia cívica afirmó que el Gobierno entrega tierras ancestrales cruceñas a comunidades que provienen de otros departamentos y que estos grupos responden a un plan político con fines electorales.
Dirigentes cívicos denunciaron que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) entregó en San Miguel de Velasco unas 15.000 hectáreas (ha) de tierras fiscales a cinco comunidades afines al partido de gobierno que no son originarias de ese municipio cruceño, a más de 2.500 ha por comunidad. Las que sí son originarias de esa región tienen menos de 300 ha.
La alerta fue lanzada por José Ernesto Serrate, presidente del Comité Cívico Provincial, y José Luis Dorado, presidente de los cívicos migueleños, luego de que la noche del domingo unas 300 personas ingresaron a un predio fiscal ubicado entre San Juan de Lomerío y la estancia Atlántico Norte.
“Son unas 15.000 hectáreas” de tierra fiscal. “Entregaron 50 hectáras a cada familia” que participó de la ocupación, afirmó Serrate, quien agregó que estas personas son de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí.
“Hay comunidades en mi pueblo que tienen menos de 200 o 300 hectáreas y aquí están queriendo entregar 15.000 hectáreas a cinco o seis comunidades”, acotó Dorado. “La Constitución dice que la tierra es primero para los originarios, pero aquí eso no sucede”, remarcó.
Ambos cívicos coincidieron en que pobladores y comunidades originarias de San Miguel solicitaron esa tierra fiscal para trabajarla, cumpliendo para ello todos los trámites, pero que no recibieron respuesta de la autoridad agraria.
Dorado indicó que “los avasalladores” ingresaron a esas tierras con resolución del INRA y cuestionó el por qué obtuvieron tan fácilmente esta documentación, cuando en casos locales no se completan los saneamientos o los títulos entregados se sobreponen a los de originarios del lugar.
“¿Por qué no podemos ser dueños de nuestra propia tierra?”, cuestionó Serrate.
Este medio intento comunicarse con autoridades del INRA para conocer su posición sobre el tema, pero no contestaron a su celular.
“Los del Gobierno utilizan la tierra como moneda de cambio: voto por tierra. Ofrecen nuestras tierras como si fueran de ellos. Encima, parece que estuvieran en su casa. Esta gente entra con las resoluciones bajo el brazo y con orden de chaqueo. Desmontan a diestra y siniestra y no dejan un solo árbol. No consultan con las autoridades del municipio, pareciera ser que el territorio es de ellos”, dijo Dorado.
En el ingreso del domingo a los predios fiscales participaron unas 300 personas en dos grupos, entre campesinos, interculturales y bartolinas, con apoyo del alcalde del municipio, que responde al MAS, sostuvo Serrate.
Consultado al respecto, Franklin Vargas, secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, afirmó que no cuenta con información oficial sobre este nuevo conflicto por tierras.
“Actuamos por denuncias formales que nos llegan, no por supuestos (…). No sabemos si es gente de La Única; de los interculturales; de las bartolinas, no creo porque son mujeres; de los indígenas puede ser también; o entre ellos se pueden estar quitando la tierra, lo que pasa siempre”, expresó.
Según ambos cívicos, el primer grupo fue desalojado el lunes por la población migueleña, que actuó de manera independiente. Hasta anoche, se buscaba confirmar si el segundo grupo seguía en el lugar. La población estaba preparada para un nuevo desalojo.
“Con una llamada, el presidente (Luis) Arce puede frenar todos estos atropellos. Esto está pasando de castaño a oscuro y, si esto llega a complicarse, el único responsable será él, porque de allá vienen las órdenes”, indicó Dorado.
La especialista en recursos naturales y tierras Alicia Tejada consideró que el conflicto por tierras “es muy complejo” y está causando “un desastre de grandes magnitudes” en las zonas en las que se vive esta situación.
La propiedad Santa Clara (Ascención de Guarayos), por ejemplo, continúa avasallada y con daños graves e irreversibles al bosque, fauna y servidumbres ecológicas. indicó.
Las propiedades en las que hubo desalojo, como Las Tojas, están permanentemente custodiadas y obligadas a desmontar para justificar producción. “Una barbaridad en reserva forestal”, subrayó.
En el área de Santa María, también en Ascensión, “todos los caminos ya han sido tomados por avasalladores, quienes impiden incluso la circulación de camiones y maquinaria de actividad forestal”, mencionó.
Serrate calculó que “son 2.500 comunidades de gente de otros departamentos que ha metido este gobierno a la zona chiquitana”.
“Hay casos donde le han dicho a los originarios que tienen 48 horas para salir. ¿Dónde se ha visto eso?, eso es un abuso de poder, pero el pueblo está firme, no se está dejando y no se va a dejar. Esas tierras son migueleñas para los migueleños. En caso de que sobraran ya es otra historia, pero siempre coordinando con las autoridades de cada pueblo”, afirmó Dorado.
Fuente: El Deber
