El 31 de diciembre finaliza el mandato de las actuales altas autoridades de la justicia.
Las salas del Tribunal Supremo de Justicia alistan un “corte administrativo” a partir de diciembre, debido a la vacación anual colectiva, y recibirán nuevas causas solo hasta el mes de octubre.
El magistrado de la Sala Social Primera, Antonio Revilla, informó que en octubre ingresarán a un corte en la recepción de causas con el fin de resolver la cantidad de los procesos pendientes.
“(Habrá) un corte (en octubre) para no dejar nada pendiente. Imagine si seguimos sorteando causas en noviembre. Llevamos la demora por la revisión y los consensos que debe haber con el magistrado colega de sala. Por lo menos, en nuestra sala pensamos hacer un corte y dejar resuelto las casaciones hasta el mes de octubre”, dijo a radio Fides.
Revilla evitó referirse a continuar como magistrado a través de un decreto, si las elecciones judiciales no llegaran a concretarse. Indicó que la norma es “clara” y que los magistrados fueron elegidos hasta un determinado periodo.
“Los demás componentes son acuerdos políticos, no nos corresponde opinar porque es un tema evidentemente de connotación política y no jurisdiccional. Estamos abocados a no dejar al 100 por ciento vacía la Sala, pero dejar con la cantidad de procesos resueltos”, manifestó.
Para este año, de acuerdo a norma el 31 de diciembre finaliza el mandato de las actuales altas autoridades de la justicia. A fines de 2023, el país deberá acudir a las urnas para elegir a estos altos funcionarios del sistema de justicia.
En el proceso electoral serán elegidos miembros titulares y suplentes del Tribunal Agroambiental (TA), el Consejo de la Magistratura (CM), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Proceso
En abril, la Asamblea Legislativa suspendió de manera temporal el proceso de preselección de postulantes al Órgano Judicial, debido a un fallo emitido por el TCP ante un recurso interpuesto por el diputado de Creemos Leonardo Ayala.
El diputado Ayala presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta ante el TCP. En su petitorio, alega que la Sala Constitucional de Beni observó el reglamento de preselección en su totalidad y que los asambleístas elaboraron uno nuevo. Lo que correspondía era una ley, como sucedió en 2017 con la Ley 960 Transitoria.
Además, demanda que el criterio de la aprobación por dos tercios sea aplicado en todas las labores procedimentales del proceso de preselección para las elecciones judiciales.
El 14 de julio, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) garantizó el desarrollo de las elecciones judiciales para el domingo 3 de diciembre, bajo condición de que la Asamblea Legislativa le haga llegar la lista de postulantes preseleccionados hasta el lunes 4 de septiembre.
Fuente: La Razón
