Dardo Gómez, gerente general de línea aérea dijo que el Estado no debería intervenir en un conflicto entre empresas privadas. Advierte que se vulnera el derecho al trabajo de 400 personas.
El gerente general de Amaszonas, Dardo Gómez, denunció que el Gobierno procesará a los jueces que fallaron a favor de la línea aérea y ordenarán que revierta las medidas interpuestas por las autoridades estatales contra la compañía.
El 8 de agosto la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) retiró las placas de funcionamiento de sus cuatro aeronaves. Ante esta situación la compañía acudió a la Justicia y la Sala Tercera Constitucional de La Paz, ordenó suspender la medida.
No obstante, la DGAC informó que no fue notificada y que recién el 15 de agosto, en una audiencia, se definirá si las medidas son levantadas o no. Por lo que no acató el fallo de la Justicia.
En este contexto, Gómez denunció este jueves que el Gobierno procesará a los jueces que fallaron a favor de la compañía.
“El Gobierno va a procesar a la jueza, es decir, en la nota de la DGAC dice que van a aceptar lo que se defina en la Sala de Garantías Constitucionales, pero a la vez van a procesarlo al juez, porque seguramente ya se está persuadiendo al poder judicial independiente desde el poder político”, señaló.
El ejecutivo sostuvo que, de una manera contradictoria, el Gobierno “no acepta las medidas, que han sido emitidas desde la sala que habla claramente de la no ejecución de esos actos administrativos que suspenden el funcionamiento de 4 aeronaves”.
Deuda
El ejecutivo agregó que pagará la deuda que tiene con la compañía que le alquila sus aviones, pero en la actualidad, este monto adeudado está en discusión.
“Quiero aclarar que hemos acudido al Tribunal Constitucional, no para no pagar la deuda. Al Tribunal Constitucional hemos acudido porque se está vulnerando nuestros derechos al debido proceso. Nosotros establecimos una deuda y el (arrendatario) ha establecido otro número de la deuda, esa es una controversia”, indicó Gómez.
El ejecutivo señaló que recalcó que la DGAC no debería intervenir en este proceso que es privado. El conflicto debe ser debatido en un Tribunal de Nueva York, EEUU.
“Hay vulneración de nuestros derechos, (…) no se han respetado los procesos, los tiempos procesales administrativos, no hemos llegado a un recurso de revocatoria (…) es decir, se nos ha vulnerado en todos los derechos”, recalcó.
Fuente: El Deber
