La exalcaldesa presentó una denuncia contra el juez que autorizó el retiro de los cordones del BRT el pasado jueves.
La Fiscalía presentará este lunes, 18 de septiembre, la resolución conclusiva de la etapa preparatoria de la investigación por denuncias de irregularidades en las obras del proyecto Buses de Transporte Rápido (BTR). Esto, después de que la exalcaldesa, Angélica Sosa, denunciara al juez que autorizó el retiro de los cordones del BRT.
El proyecto BTR le costó al municipio Bs 156.185.365, pese a que el presupuesto municipal para obras era de Bs 151.302, 59. Es por ello que, Investigan denuncias de irregularidades en este proyecto que no llegó a materializarse, por delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
“Dentro del caso denominado BTR ya existe una imputación formal, ahora el Ministerio Público ha recibido una conminatoria conforme al artículo 134 del Código de Procedimiento Penal (…) se remitirá la resolución que amerite, el plazo vence el lunes”, explicó el fiscal Alexander Mendoza.
En este proceso penal se tiene a cinco personas involucradas, entre ellas la exalcaldesa Sosa, detenida en la cárcel de Palmasola. Fue imputada por el proyecto BTR, al igual que el exsecretario de Movilidad Urbana Rolando R., y otros.
El mes pasado, el juez primero de Anticorrupción, Roberto Parada Mole, ordenó a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, retirar los cordones del proyecto Sistema de Transporte Rápido (BRT) que fueron colocados en el primer anillo de la capital cruceña.
Esta determinación de la Justicia se da a solicitud de a Alcaldía cruceña dentro del proceso penal. Sin embargo el jueves pasado, Sosa, que permanece detenida en la cárcel, denunció al juez por autorizar que la Alcaldía retire los cordones.
La denuncia presentada por Sosa, por intermedio de su abogado Arturo Heredia, ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, acusa al magistrado de incurrir en los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, prevaricato, incumplimiento de deberes, retardación de justicia y conducta antieconómica.
En el documento, la exautoridad edil señala que el BRT es un proyecto consolidado y concluido que está inscrito dentro del dominio público y que es parte de los activos reales de los Estados Financieros del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, por lo que no puede ser sometido a ningún tipo de destrucción o retiro.
En marzo, la exsecretaria de Finanzas de Sosa, Sandra Velarde, aceptó su culpabilidad en este caso y se sometió a un juicio abreviado, donde fue sentenciada a dos años de cárcel.
Fuente: El Deber
