Los cooperativistas piden concesiones en áreas protegidas, créditos estatales e impuestos más flexibles para su sector.
Pese a que las exportaciones de oro generan millones de dólares poco es el aporte que deja esta actividad a las arcas del Estado. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2022 las exportaciones de oro llegaron a $us 3.003 millones, cifra superior a los recursos generados por el gas ($us 2.973 millones).
Pero el aporte de la actividad en cuestión impositiva es bajo.
Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, señaló que en cambio las empresas privadas dedicadas a la misma tienen que pagar un 7% de regalías, además de un 25% correspondiente al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) más un adicional del 12,5%.
“Las cooperativas tienen un régimen especial en donde solo pagan un 2%. Están exentos del pago del impuesto a las utilidades”, dijo.
Por ejemplo, señaló que el año pasado del total de las exportaciones auríferas solo dejaron al Estado por cuestión impositiva entre $us 60 y $us 70 millones.
Demandas
En la actualidad las cooperativas mineras son las responsables del 50% de las exportaciones de oro en el país. No obstantes, existen muchas observaciones a las prácticas realizadas por este sector en el proceso de producción aurífera.
Esto debido a la contaminación que generan por el uso del mercurio en sus actividades.
El mercurio se usa para separar y extraer el oro de las rocas o piedras en las que se encuentra, formando una amalgama que facilita su separación de estos materiales.
Pese las observaciones, la anterior semana el sector cooperativista minero, cercaron La Paz en demanda de la aprobación de un sistema único de tributo y la anulación de unas resoluciones emitidas por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) que impide la producción aurífera en el país.
La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena, se refirió a la problemática en EL DEBER Radio. Apuntó a la ley minera -aprobada en 2014- en el Gobierno de Evo Morales, que fue trabajada con los actores cooperativistas -a su medida-, y que incumple la Constitución Política del Estado.
La normativa vulnera derechos como el derecho al agua de los pueblos indígenas, a la consulta previa, libre e informada, y otros más generales, como la importancia estratégica de la Amazonia y de los recursos hídricos.
Según Requena, la norma ha generado un fenómeno “monstruoso” porque ha reforzado un “mal llamado sector cooperativista”, que no funciona como tal, sino que hay capitales y peones, gente explotada, porque como cooperativas están liberados de la norma laboral, lo que ocasiona una “explotación terrible de seres humanos”.
El economista, Gonzalo Chávez asegura que los cooperativistas se han transformado en la “nueva oligarquía” minera porque gozan de muchos beneficios y ahora buscan ampliarlos.
“Exportan $us 3000 millones, pagan un impuesto mínimo del 2%, están en áreas protegidas y contaminan nuestros ríos. Ahora, los elefantes ricos vestidos de hormiguita toman instituciones públicas. El Estado debe actuar”, dijo tras la movilización del sector.
Por su parte, el senador Félix Ajpi señaló que el país vive de la minería y que es necesario analizar “hacer las explotaciones”, pero sin dañar el medioambiente en las áreas protegidas.
Un análisis a ríos detectó contaminación por mercurio
Fuente: El Deber
