A través de una carta dirigida a cuatro ministerios del Gobierno, los activistas Pablo Solón y Fátima Monasterio denunciaron que la evaluación de la soya transgénica HB4 usa un marco legal de 1997, que va en contra de la Constitución Política del Estado (CPE). Además, expusieron la necesidad de discutir una nueva ley de regulación de productos genéticamente modificados.
“Estamos profundamente preocupados por las declaraciones del pasado 19 de julio del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzáles, en las que indica que el Comité Nacional de Bioseguridad habría dado curso a la evaluación del evento de soya genéticamente modificada HB4”, explica la misiva. Esta acción fue solicitada por la Asociación de Productores de Oleaginosas (Anapo) y la empresa argentina Bioceres.
La nota fue enviada a los ministerios que conforman el Comité Nacional de Bioseguridad: Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Ministerio de Relaciones Exteriores, y Ministerio de Salud y Deportes.
Solón y Monasterios explican que para avalar este procedimiento, se utilizó como referencia el Decreto Supremo 24676, del 21 de junio de 1997 “Reglamento sobre bioseguridad”. Sin embargo, se observa que esta norma contradice lo que establece la CPE vigente.
“Debemos advertir que dicha disposición corresponde al periodo republicano neoliberal y que, aunque se encuentre vigente, no puede ejecutarse al margen de lo que dispone la actual Constitución Política del Estado”, detalla la nota.
En la nueva Constitución, aprobada en 2009, el Estado fija como una de sus prioridades la soberanía alimentaria y los derechos de la Madre Tierra.
Además se hace referencia a la Ley 300, Marco de la Madre Tierra, del 2012. En esta última norma se establece que se deben desarrollar mecanismos de protección del patrimonio genético y de la agrobiodiversidad, “prohibiendo la producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el país…”, explica parte de la carta.
Con todos estos antecedentes los activistas indican que no se debe dar curso a la evaluación de eventos transgénicos. Lo que corresponde —señalan— “es discutir y aprobar en el marco de la Asamblea Legislativa una ley de regulación de organismos genéticamente modificados”, con el objetivo de eliminar gradualmente estos productos, “para garantizar la salud humana”.
Fuente: Página Siete
