De forma intempestiva y en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus (Covid-19), el gobierno de Jeanine Áñez aprobó un decreto que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer mecanismos abreviados para la evaluación de semillas transgénicas en Bolivia. La medida desató una serie de reacciones y críticas.
Esta medida se asume pese al rechazo de más de un centenar organizaciones, instituciones y colectivos que alertaron que en Bolivia se aprobaría el uso de estos productos en medio de la emergencia sanitaria.
“De manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa. maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados”, detalla el único artículo del Decreto 4232, aprobado este 7 de mayo y publicado en la edición de la Gaceta Oficial (1266NEC).
Además, el documento detalla como disposiciones transitorias que “para dar cumplimiento al presente Decreto Supremo, en un plazo de hasta diez (10) días calendario computables a partir de la publicación del mismo, el Comité Nacional de Bioseguridad, deberá aprobar los procedimientos abreviados”.
“Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores; de Desarrollo Productivo y Economía Plural; de Salud; de Medio Ambiente y Agua; y de Desarrollo Rural y Tierras, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo”, agrega.
“Es una violación a la CPE y la Ley de la Madre Tierra, a la Ley de la Revolución Productiva, a la Ley de Fomento a la Agricultura Ecológica y a varias leyes. Esto no se puede hacer porque Bolivia ha suscrito el protocolo de Cartagena por el que se deben llevar adelante evaluaciones de impacto ambiental e inocuidad y bioseguridad, y eso no es a través de un proceso abreviado”, dijo a ANF, Miguel Crespo, director de Proyectos de la Unidad de Biodiversidad de Productividad Biósfera y Medio Ambiente (Probioma).
Ayer se dio a conocer un pronunciamiento nacional de un centenar de organizaciones, instituciones y colectivos dirigido a las autoridades de gobierno en rechazo de la autorización del uso de semillas transgénicas en el país.
En estas semanas se activó el debate luego de que desde el viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y de Gestión y Desarrollo Forestal, se comunicara que se admitió la solicitud para la evaluación técnica de soya evento HB4. Para ello se convocó a expertos en esta área que den a conocer los detalles técnicos de este producto el cual, si bien es usado y aprobado por sus rendimientos, también ha sido cuestionado por otros sectores.
“(Exigimos) la abrogación del Decreto Supremo 3874, del 17 de abril de 2019, que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento (tipo) HB4 y Soya Intacta”, enfatiza el pronunciamiento.
ORGANIZACIONES RECHAZAN USO DE SEMILLAS TRANSGÉNICAS
En un documento dirigido a la Presidenta del Estado, Jeanine Áñez, varias entidades y organizaciones de distintos rubros condenaron con un “rechazo total” la autorización de semillas transgénicas en Bolivia.
“Rechazamos rotundamente la autorización para el uso de semillas transgénicas de Soya HB4, Soya Intacta y otro tipo de semillas transgénicas de maíz, algodón y de otras especies en todo el territorio boliviano”, repudiaron.
En el manifiesto intitulado “Pronunciamiento Nacional en rechazo total a la autorización del uso de semillas transgénicas en Bolivia” las organizaciones exigieron los siguientes puntos:
1. Abrogación del Decreto Supremo 3874, del 17 de abril de 2019, que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento (tipo) HB4 y Soya Intacta.
2. Abrogación del Decreto Supremo 3973 y la Ley 741, que permiten chaqueos y desmonte, con el fin de ampliar la frontera agrícola.
3. Fomento y apoyo a la a la Agricultura Familiar Campesino-Indígena, que es la base para la generación de otras formas y modos de agricultura como es la: Agricultura Sostenible, la Agricultura de base agroecológica, la Agricultura Urbana y Periurbana, a la Agricultura Ecológica, Orgánica, Biológica, Agricultura de Conservación, Agricultura Regenerativa, Sistemas Agroforestales, y otros Sistemas Agroalimentarios Sostenibles, como la mejor opción para la soberanía y seguridad alimentaria.
4. Reconocimiento del rol histórico que campesinos e indígenas han proporcionado para la garantía de la seguridad alimentaria, custodia de una extensa biodiversidad y ha demostrado en la actual coyuntura ser la base además de la alimentación y la salud. Definitivamente, otras formas de producción, constituidos en el conocimiento y saberes relacionados con la realidad territorial y desarrollo de sistemas de vida, es posible y se están implementando en varios lugares del país con resultados positivos importantes.
La misiva fue también destinada a Eliane Capobianco como ministra de Desarrollo Rural y a María Elva Pinckert en su calidad de ministra de Medio Ambiente.
“Las organizaciones, instituciones y colectivos de todo el país abajo firmantes nos sumamos a la iniciativa del Comité Ecológico Departamental de Chuquisaca, en rechazo a la introducción de nuevas eventos de semillas transgénicas en el territorio nacional”, agregaron.
¿Cuáles son sus argumentos?
Las entidades firmantes del pronunciamiento esgrimieron en su comunicado varias razones en contra de las semillas transgénicas, las cuales detallamos a continuación. Según éstas:
1. Ponen en riesgo la diversidad biológica nacional ya que Bolivia es uno de los 16 países megadiversos del planeta, y por tanto, centro de origen y de diversidad genética de especies altamente importantes para la seguridad alimentaria como el maíz. Aprobar sin restricciones eventos transgénicos en especies como el maíz atenta contra las 77 razas de maíz que posee el país y son base, actualmente, de la seguridad alimentaria de la población boliviana.
2. Transgrede la Constitución Política del Estado, que en su artículo 255 señala textualmente “Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente”.
3. Transgrede las leyes nacionales y acuerdos internacionales como la Ley 300 de la Madre Tierra, Ley 144 de Revolución Productiva, Ley 071 Derechos de la Madre Tierra, Ley 3525 de Fomento a la Producción Ecológica, el “Protocolo de Bioseguridad de Cartagena” del Convenio sobre Diversidad Biológica que Bolivia suscribió el año 2000 y ratificó mediante Ley 2274, 22 de noviembre de 2001, entre otros.
4. La introducción de nuevos eventos de cultivos transgénicos, no son lo suficientemente informados hacia la ciudadanía, y peor aún no toma en cuenta su posición respecto a un tema sensible para la salud y el medio ambiente. La CPE establece que la población tiene el derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente (Art. 343 CPE).
5. Provocará un aumento exponencial del uso de agrotóxicos. Existen evidencias científicas que el uso de agrotóxicos afectan negativamente al medioambiente (suelo, agua y aire), la salud humana y la biodiversidad.
6. Exigimos se lleven adelante monitoreos en campo del evento autorizado (soya resistente al glifosato) como de otros cultivos importantes para Bolivia, ya que de manera especial existe evidencia científica ratificada por la OMS que el Glifosato (herbicida asociado a la soya transgénica) es probablemente cancerígeno.
7. Con el pretexto de seguridad y soberanía alimentaria se viene justificando la deforestación irresponsable en la Amazonía y oriente del país. Estas zonas, en la actualidad, se constituyen en fuentes generadoras de agua y de regulación del clima para todo nuestro país.
8. Será una puerta abierta para el ingreso de otros eventos transgénicos de otras especies, que pondrán en eminente riesgo la diversidad genética de nuestras semillas nativas, criollas, semillas campesinas y semillas de la vida. Las mismas, inducirá la pérdida de la diversidad genética, que nuestros pueblos están recuperando para la soberanía y seguridad alimentaria. Bolivia es un país megadiverso, centro de origen de algunas especies cultivables nativas, donde existe una inmensa diversidad de cultivos según sus ecosistemas y ecorregiones. Lo que nos da la posibilidad de convertirnos como Estado en una potencia agroalimentaria
9. Es un derecho y un patrimonio de los pueblos indígenas preservar y conservar las semillas nativas, la biodiversidad y también la defensa de nuestros saberes y conocimientos ancestrales.
10. Muchos países del mundo están dejando de usar semillas transgénicas por el riesgo para la salud humana, medio ambiente y biodiversidad, optando por una producción más sostenible y saludable, además que se armoniza con el derecho de los pueblos indígenas.
11. Profundiza la dependencia de empresas transnacionales perdiendo soberanía, autonomía y erosión de las prácticas ancestrales, destruyendo la agrobiodiversidad y el patrimonio natural y cultural de Bolivia que son la base fundamental para un verdadero desarrollo sostenible
Además de esos argumentos, por otro lado, recordaron que nuestro país se encuentra en una coyuntura sanitaria y política especialmente delicada.
“Ante el avance de la pandemia del COVID-19 los esfuerzos de los gobiernos en todos los niveles deben concentrarse en hacer frente a la crisis sanitaria y en mitigar los efectos socioeconómicos sobre las poblaciones más vulnerables y no así en la implementación de políticas por demás polémicas y con efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud”, cuestionaron.
Asimismo sostuvieron sus exigencias amparándose en la máxima normativa boliviana:
– Reivindicamos el carácter participativo promovido por la Constitución Política del Estado que en el parágrafo I de su artículo 241, señala que: “La sociedad civil organizada participará en el diseño de políticas públicas”.
– Concordante con el espíritu constitucional el parágrafo V del artículo 320 de la CPE: “Que las políticas públicas promocionarán el consumo interno de los productos hechos en Bolivia y no de los elaborados en el extranjero.
– De igual forma las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, según el numeral 15 del artículo 30 de la Carta Magna, señala que tienen derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones, cada vez que prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.
