La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) expresó su rechazo a un eventual modificación del marco jurídico agrario y forestal sin la participación de todos los actores involucrados en la tenencia de la tierra.
“Como sector agropecuario rechazamos rotundamente la intensión de un sector minoritario, impulsado por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz Apiaguaki Tüpa, de pretender modificar normas vigentes de los últimos 25 años, a la que todo el sector productivo nacional se ha regido conforme a Ley”, indicó la CAO en un comunicado difundido este martes.
La institución consideró esta intención “un total despropósito”, por lo que “genera una alta preocupación al sector agropecuario, debido a que viene cumpliendo las normas y reglas establecidas hace más de dos décadas para llevar adelante el proceso de saneamiento”.
Este medio llamó a Franklin Vargas, secretario ejecutivo de la federación de Trabajadores Campesinos, para conocer su posición sobre el comunicado de la Cámara, pero el dirigente no respondió a su teléfono celular.
La preocupación de los productores asociados a la CAO hace referencia a las negociaciones que lleva adelante la dirigencia del campesinado cruceño con el Gobierno para tratar un pliego en el que se encuentra la planificación de una nueva ley de tierras, el análisis de tierras fiscales no disponibles, la anulación de las concesiones forestales y la modificación del Decreto Supremo 29215, que reglamenta el servicio nacional de reforma agraria.
Según la cámara empresarial, a 2021, “la propiedad empresarial y mediana tiene el 15%” de la tierra, “la comunitaria y pequeña el 28%, las tierras comunitarias de origen (TCO) y los territorios indígenas originarios campesinos (TIOC) el 27% y la tierra fiscal el 30%”.
“Los productores hemos rendido examen para consolidar nuestro derecho propietario y, cuando estamos llegando al final de un calvario tortuoso, un grupo minoritario quiere cambiar las reglas para apropiarse de las áreas protegidas, reservas forestales y tierras productivas”, denunció la CAO, que remarcó que “el beneficio de pocos no puede ir en contra del medio ambiente, la seguridad jurídica y la seguridad alimentaria del país”.
“En este contexto, dada la gravedad de la situación, exigimos a las autoridades competentes y de Gobierno, convocar a todos los actores involucrados con la tenencia de tierra, coordinar acciones y concluir el proceso de saneamiento vigente”, sostuvo la CAO.
Fuente: El Deber
