Las restricciones generan desequilibro y unos sectores se ven más afectados que otros, lo que genera incertidumbre para las inversiones a largo plazo, señaló la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que solicitó al gobierno reconsiderar su política de fijación de precios y cupos a los derivados de soya en el mercado interno.
Sin estas restricciones habrá un equilibro entre los actores y libertad en lo referente a la cantidad de contratos entre productores y consumidores, según la principal institución agropecuaria de Santa Cruz.
Reinaldo Díaz, presidente de la CAO, señaló que está claro que el sistema no funciona, perjudica, genera desequilibrios y no deja contento a nadie de los actores de la cadena agropecuaria, integrada por los productores primarios, la industria y los compradores de los derivados de soya.
“No es correcto que con el pretexto del abastecimiento del mercado interno que no llega al 30% de la producción, se pretenda castigar al productor agrícola en un momento en el que después de 5 años el precio de la soya empieza a recuperarse y aparece como un aliciente para paliar en parte las deudas rezagadas que dejaron anteriormente precios bajos y malas cosechas”, recalcó Díaz, al leer el comunicado institucional.
Desde el 24 de diciembre del año pasado rige un convenio que establece que las aceiteras deben entregar unas 32 mil toneladas mensuales de harina de soya a los avicultores y productores pecuarias a un precio de 295 dólares, unos 200 dólares menos que los precios a nivel internacional.
Según el sector oleaginoso esta situación ha generado incluso un “mercado negro” de desvío y reventa del producto.
El Día
