Productores alertan que a través del ‘control social’ se pretenda poner en tela de juicio todo predio mayor a 50 hectáreas, generando expectativas de reversión de predios privados observados a gusto de un sector interesado.
En un contexto en que organizaciones de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz (Fsutc-SC) Apiguaiki Tupa, afines al partido en función de Gobierno, demandan, entre otros aspectos, la modificación del Decreto Supremo 29215, que reglamenta la Ley Nº 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, una nueva ley de tierras, el ‘análisis’ de las tierras fiscales no disponibles y la anulación de las concesiones forestales, actores del sector productivo cruceño alertan que esas peticiones incentivarán el tráfico de tierras, avasallamientos, desmontes ilegales, incendios, entre otros perjuicios que afectarían al agro y la seguridad alimentaria.
El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fidel Flores, ve con preocupación que la cartera de Medio Ambiente y Agua haya suscrito un compromiso unilateral de modificar leyes agrarias y forestales, sin participación del ministerio cabeza del sector agropecuario y de tierras.
“Es un contrasentido que el Ministerio encargado de precautelar áreas protegidas, reservas forestales, parques nacionales y zonas de conservación, esté dispuesto a modificar la calidad de tierras fiscales indisponibles, a la condición de tierras susceptibles de dotación para sectores que en esencia no son agricultores”, dijo.
Flores considera que es un peligro institucionalizar la distribución de tierras no disponibles, que tienen esa condición por razones de conservación ambiental.
Hizo notar que tampoco se brindan información sobre las verificaciones realizadas a comunidades beneficiadas con tierras en el departamento y que al parecer existen indicios de ser ‘fantasmas’.
Días atrás, Franklin Vargas García, secretario ejecutivo de la Fsutc-SC indicó que tienen cuatro peticiones que se tienen que revisar.
Indicó que tienen comunidades dentro de tierras fiscales, “tal vez no disponibles”, y que hay que ver una alternativa de solución porque ya están más de 10 y 15 años asentadas, y sin seguridad jurídica.
Respecto a las concesiones forestales afirmó que “algunas estarían en tierras fiscales disponibles”. Aludió que hay que revisar algunos decretos, “que no estarían actualizados a la nueva CPE”, y que esa verificación se hará con todas las organizaciones competentes.
En caso de que las demandas sean consideradas por el Estado, a decir del presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Oscar Mario Justiniano, conllevaría a la pérdida de un gran número de fuentes de empleo y, en consecuencia, la disminución de la producción de alimentos. “Lo más preocupante es que se incentivaría el tráfico de tierras, avasallamientos, desmontes ilegales, incendios y otros perjuicios que afectarían al sector productor”, puntualizó.
Justiniano afirmó que mientras la tierra sea un elemento de campaña política, y los atentados a la seguridad jurídica y a la propiedad privada no sean atendidos por la justicia y los organismos del Estado destinados a cuidarlas, seguirá la escalada de violencia. “El INRA debe concluir con el proceso de saneamiento, un proceso lleno de vicios con más de 16 años de retraso y pocos resultados, entregar titulación de tierras, respetar la seguridad jurídica de los productores y castigar duramente a quienes infringen la ley”, enfatizó.
El gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), Jorge Ávila, expresó que el sector teme que se vaya a optar por una solución desde el ámbito político y se deje de lado los aspectos constitucionales, legales, ambientales y técnicos. “Tememos que se imponga la irracionalidad”, apuntó.
Del mismo modo, insinuó que dar curso a las demandas de los interculturales de Santa Cruz significa generar mayores conflictos sociales y económicos, inviabilizar el desarrollo agropecuario y destruir el medio ambiente.
Dar señales de certidumbre
Para el abogado especialista en derecho agroambiental, Fernando Asturizaga, se debe evitar injerencias nocivas sobre el INRA, en su trabajo de aplicar debidamente la constitución y las leyes con la finalidad de que termine el saneamiento con imparcialidad y objetividad. “Antes que pensar en cambios normativos, el Gobierno debe dar señales de certidumbre a productores desalojar a los avasalladores de tierras públicas y privadas, concluir el saneamiento y estimular la producción de alimentos”, apuntó.
En opinión del investigador en temas agrarios, Gustavo Pedraza, hay que despolitizar las instituciones agrarias que administran la tierra y sanear verdaderamente el derecho propietario y elaborar el catastro rural, como manda la ley. “Si Gobierno y su militancia están por sobre la ley y las instituciones agrarias, y no se respeta el principio de la ley, el conflicto de la tierra seguirá agravándose”, exclamó.
Fuente: El Deber
