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Antonio Rocha/ Pdte CNDA

Entre los planteamientos hechos al gobierno de transición a través de los Ministerios del área económica se priorizaron aquellos de fácil resolución, con base al entendimiento y la convicción sobre la orientación de una nueva política económica basada en la libre competencia, la iniciativa privada y el acompañamiento del Estado en sectores estratégicos transversales y claves para la economía, de manera que el mismo Estado no vuelva a perder el control sobre los recursos naturales que le pertenecen a todos los bolivianos.

Entre los más importantes planteamientos estaba el de recuperar la institucionalidad de la Aduana Nacional, situación que después de sesenta días de indefinición vemos se clarifica con una decisión eminentemente política al prevalecer la confianza y afinidad política, sobre la meritocracia y experiencia. Esperamos muy esperanzados que esta situación no se replique en los cargos ejecutivos ni en las Administraciones operativas, lo que sin duda extendería por seis meses el deterioro institucional de la Aduana Nacional.

Otro de los planteamientos ya expuestos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es la eliminación del Impuesto al Consumo Específico – ICE a importaciones de vehículos a diésel considerados bienes de capital destinados al sector productivo y el transporte, tales como Tracto Camiones (8701), Camiones Grúa (8705.10), Camiones para sondeo o perforación (8705.20), Camiones Hormigonera (8705.40), Buses de Transporte (8702.10.90) entre otros, todos ellos con ICE del 15%, cual se tratara de un bien suntuario.

Al efecto, se debe gestionar la modificación de la Ley 843 para reducir el rango del ICE a la importación de vehículos especiales a diésel, y a través de decreto supremo la reducción del ICE para los vehículos especiales que no utilicen diésel. Asimismo, hemos planteado la eliminación del Gravamen Arancelario – GA a todos los vehículos incluidos en el Capítulo 87 de la NANDINA, fabricados originalmente con motor a GAS NATURAL y GLP, eliminando la prohibición de importación para vehículos con motor originalmente fabricado a GLP.

Esta media permitirá abaratar considerablemente los costos de importación de estos vehículos y permitirá también una mayor eficiencia económica, considerando los excedentes de producción de ambos combustibles y la necesidad de reducir el nivel de subvención a la importación de gasolina. Con el fin de fomentar la inversión extranjera directa (IED) y la inversión nacional hemos propuesto al gobierno la eliminación del Gravamen Arancelario – GA a la importación de Unidades Funcionales (Plantas llave en mano), que se clasifiquen en alguna de las subpartidas de los CAPITULOS 84 u 85 de la NANDINA, como resultado de la clasificación arancelaria de la función principal que realice una o más de las máquinas que forman el conjunto de la unidad funcional. De igual forma, hemos propuesto el diferimiento automático del Impuesto al Valor Agregado a la importación de Unidades Funcionales (plantas llave en mano) hasta 2 años solo con la presentación de una Declaración Jurada de Pago, similar a la garantía del RITEX, esto con base a lo ya establecido en al Art. 11 RLGA DS 25870, pudiendo incluirse esta medida de promoción a la inversión en el Reglamento a la Ley de Inversiones.

A fin de fomentar la competitividad en el sector productivo nacional se propuso reducir el gravamen arancelario al 5% a materias primas industriales e insumos agropecuarios no producidos localmente ni en la Comunidad Andina, para el efecto se deberá coordinar con la Secretaria General de la CAN la actualización de la Decisión sobre la nómina de bienes no producidos en los países miembros de forma tal que se pueda modificar el arancel boliviano sin ningún incumplimiento a compromisos comunitarios.

En razón a las múltiples contravenciones y omisiones a los que se induce al importador formal hemos requerido de forma urgente la actualización del DS 572 de Julio del 2010, que establece la nómina de bienes que requieren permisos, certificaciones o licencias previas para su importación, dada la inseguridad del importador al tener un Arancel Nacional “referencial” respecto a las exigencias de dichos requisitos. Finalmente hemos planteado al Gobierno y a la Aduana Nacional la revisión del DS 2295 sobre Despachos Aduaneros Fronterizados, al ser una medida forzada del anterior gobierno, que no tomó en cuenta la ausencia de infraestructura y servicios en algunas de las principales fronteras de acceso al país, como Tambo Quemado, Pisiga y Desaguadero. En la actualidad esta restricción a nacionalizar en aduanas interiores de una gran cantidad de productos obliga al importador y los restantes operadores a trasladar personal a las fronteras con el consecuente costo por demoras de la carga y estadías de camiones.

Análisis