Existen tres actitudes ante el desastre heredado del anterior gobierno y agravado por la pandemia Covid-19 con el fin de enderezar la torcida política energética masista.
La primera es la actitud “nostálgica” que ve en ese fracaso la oportunidad de volver a la situación anterior al 2004 (deshaciendo el referéndum del gas, la Ley 3058, el DS 28701 y la nueva CPE) con el fin de desmantelar las empresas públicas y devolver a las compañías privadas la gestión del sector energético del país.
Al otro extremo está la postura “utópica’ que piensa que están dadas las condiciones para implantar ya un nuevo modelo y reemplazar por arte de magia las fuentes fósiles por las renovables. En el medio, existe toda una gama de posiciones realistas que, si bien creen que el camino conduce inexorablemente a las fuentes renovables, optan, sin embargo, por recorrerlo con lo que se tiene, superando el actual modelo (estatista, fósil, rentista).
Un ejemplo: la propuesta de devolver a los gobiernos locales el 12% del IDH que la Ley 767 (incentivos petroleros) les quitó parece un acto de justicia. No obstante, esa ley es el único resquicio legal, dejado (a regañadientes) el MAS para poder reactivar la exploración.
Hay tres visiones sobre la gestión del sector energético: la inmediatista, cuyas decisiones y políticas dependen de las reservas y los mercados del gas; otra “reduccionista”, que restringe el tema energético a los hidrocarburos; y otra “holística”, que mira al sector energético en su conjunto.
Por ejemplo, lo dije y lo reitero: no tiene sentido seguir quemando gas en las termoeléctricas en lugar de generar electricidad con fuentes renovables, pudiendo vender ese gas a mejores precios. Sin embargo, la postura realista obliga a veces a priorizar la generación termoeléctrica, con el objetivo de preservar la integridad de los pozos productores cuando se reduce la demanda de gas.
Hay tres tiempos para realizar cambios y reformas. El corto plazo encara una crisis de mercados del gas, debido a las reservas reducidas, la competencia del LNG y la baja del consumo de nuestros clientes (Brasil y Argentina). Garantizado el abastecimiento interno, Bolivia en la post epidemia necesita más que nunca de divisas, para reactivar y transformar la economía; por tanto, es imprescindible conservar y ampliar esos mercados y mantener la producción, para asegurar lo que Marcelo Quiroga Santa Cruz llamaba “el salario de Bolivia”.
A mediano plazo, se requiere ajustes a las normas que impiden el desarrollo del sector, el reemplazo del gas por agua y sol en la generación eléctrica y el arranque del transporte eléctrico urbano. A largo plazo, la diversificación energética debe ser una realidad; los agrocombustibles un mal sueño, relegado a un reducido nicho competitivo del mercado; YPFB, y las demás empresas del Estado, un desafío de rediseño empresarial sobre la base de modelos exitosos, como Ecopetrol.
Hay tres urgencias: los mercados de exportación, la exploración para sostenerlos y una hoja de ruta de un programa energético consensuado y aceptado como política de estado. Por ejemplo, creo que es necesario, más no urgente, repensar el alcance de los subsidios, máxime en tiempos de petróleo barato. En efecto, el impacto del subsidio por la importación de combustibles líquidos se ha atenuado y, si bien no habría consecuencias inmediatas si se lo elimina, no obstante, una vez que el petróleo vuelva a valores “normales” (60-70 $/bbl), las reacciones sociales y empresariales no se harían esperar.
Esas y otras medidas necesarias, mas no urgentes, deben ser parte de una política energética coherente y libre de ataduras ideológicas que solo un gobierno legítimo podrá ejecutar.
Francesco Zaratti es físico.
