La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) y la Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia (Cstcb) se declararon en emergencia y anunciaron medidas ante la falta de pago de instituciones públicas por concepto de planillas de avance de obras, que desató una situación insostenible en este sector.
El presidente de la Cadecocruz, Aldo Sülzer Limpias, informó ayer que los tres niveles de gobierno arrastran deudas por meses e incluso años a las empresas constructoras, por un monto global que hasta el mes de julio llega a 2.500 millones de bolivianos.
“La falta de pago afecta el flujo de caja de las empresas, les resta liquidez y pone en riesgo su funcionamiento y operación. Lamentablemente, varias empresas ya han tenido que cerrar ante los problemas financieros”, señaló Sülzer, a tiempo de mencionar que esta situación afecta más a las pequeñas y medianas empresas que tienen mayores dificultades para acceder al sistema financiero.
El presidente de Cadecocruz aseguró que las medidas adoptadas por el Gobierno, como el Decreto 4272, no solucionan el problema provocado por el paro de actividades a raíz de la Covid-19, por lo que indicó que se deben tomar medidas contundentes con carácter de urgencia.
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