Unas 160.000 personas en la región española de Cataluña regresaban a situación de confinamiento el miércoles mientras las autoridades trataban de controlar una nueva oleada de infecciones de coronavirus en la zona, tan sólo unas semanas después del levantamiento de las restricciones a nivel nacional.
El martes por la noche, la justicia aprobó finalmente la orden de permanecer en casa decretada por el Gobierno catalán para los residentes de la ciudad de Lleida y otros seis municipios de la comarca del Segrià, tras varios días de disputas legales y tensiones políticas sobre la cuestión.
Según la nueva situación, sólo se podrá salir de casa para realizar actividades esenciales tales como trabajar o hacer la compra, mientras que los hoteles, restaurantes y bares cerrarán excepto para la recogida o entrega de alimentos.
Las autoridades catalanas también han pedido a los residentes de tres barrios de L’Hospitalet, localidad próxima a Barcelona en la que viven alrededor de 260.000 personas, que se queden en sus casas, si bien no reviste un carácter obligatorio. Un juez rechazó dar el visto bueno a la propuesta de restringir las reuniones de más de 10 personas en el lugar.
Tras haber registrado más de 28.000 muertes por la pandemia, el Gobierno español puso fin al estado de alarma el pasado 21 de junio, considerando que ya había pasado lo peor del virus una vez que el número de contagios se había reducido notablemente.
Pero desde entonces han surgido más de 170 brotes en toda España, lo que ha llevado a las autoridades regionales a imponer una serie de restricciones locales de distinto nivel, confundiendo a la población local y contrariando a las empresas.
Aunque Cataluña, la segunda región más poblada de España, es la primera en devolver a una parte de su población al confinamiento, algunas partes de Galicia se han cerrado al exterior y la localidad vasca de Ordizia impuso una serie de restricciones para hacer frente a sus respectivos brotes.
Al igual que Cataluña, una serie de regiones ha implantado el uso obligatorio de mascarillas en todos los lugares públicos, independientemente de si se puede garantizar el distanciamiento social. En Andalucía, al sur de España, la restricción se aplica incluso a los bañistas.
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