El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, confirmó el jueves que dos funcionarios de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) ya habían observado el proceso de contratación para la compra de 170 respiradores y luego dejaron sus cargos.
Según el detalle que dio a conocer Coimbra en base al análisis de la documentación obtenida hasta el momento, se estableció en principio que la unidad solicitante del proceso de contratación fue el Ministerio de Salud a través de una nota enviada al entonces director ejecutivo de la Aisem, Giovanni Pacheco, pidiéndo la compra de los respiradores a una empresa española.
Luego “la Aisem conformó la comisión del proceso de contratación y dentro de ese proceso hubo observaciones que hizo el asesor jurídico de la Aisem, quien se negó a firmar el contrato y renunció. Posteriormente también hubo otra abogada que hizo observaciones al proceso de contratación y fue despedida”, señaló.
Además, indicó que lo llamativo en este proceso es “que en primera instancia está mal llevado porque (el exministro de Salud, Marcelo) Navajas nunca debió ser la unidad solicitante, teniendo en cuenta que la Aisem es una agencia descentralizada”.
“La segunda cosa que nos llama la atención es la participación del señor Fernando Valenzuela como director jurídico del Ministerio de Salud, teniendo en cuenta también que la Aisem, como una agencia descentralizada, tiene su propio asesor jurídico y aparato administrativo”, sostuvo.
Entonces -según Coimbra- Valenzuela tampoco debió ser en ningún momento parte del cuestionado proceso.
“Y bueno, ya tenemos la documentación y además (existen) declaraciones que establecen que él gestionaba, él llamaba, él aceleraba (el proceso que se realizó sólo entre) el 8 y 11 de mayo en un tiempo muy corto”, indicó.
Ayer, la presidenta Jeanine Áñez reveló a través de su cuenta twitter, que el contrato investigado por supuesto sobreprecio en la compra de los respiradores era por un total de 4.773.600 dólares y se llegó a pagar 2.028.780.
Por ello, la Jefa de Estado ordenó de manera pública que no se pague un centavo más. “Mi compromiso es recuperar el dinero de los bolivianos. Seguiremos investigando caiga quien caiga”, remarcó.
Cronología de la investigación
Coimbra informó que el Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Transparencia, puso el 4 de mayo en conocimiento del Ministerio de Salud que personal de Transparencia iba a participar dentro de los procesos de contratación.
Pero “entre el 8 y el 11 de mayo se hizo este proceso de contratación de manera muy rápida y el 15 de mayo se recibió dentro del Viceministerio de Transparencia una denuncia de manera anónima”, explicó.
Entonces, se estableció de oficio una investigación y el mismo viernes 15 solicitó el equipo de Transparencia, al entonces director de la Aisem, la documentación del contrato.
Sin embargo, “en este primer momento el director y su equipo negaron el acceso a la información (y por ello) el lunes 18 se presentó una nota haciendo una representación de por qué no se quería dar la documentación para hacer un análisis”, detalló.
Al día siguiente, la denuncia sobre el presunto sobreprecio en la compra de respiradores ya se hizo a través de diferentes medios de comunicación.
Mientras nosotros, “en base a la denuncia que teníamos, empezamos a hacer las acciones en coordinación con el Ministerio de Gobierno y en conocimiento del Ministerio Público, (es así que inicialmente) se aprehendió al señor Valenzuela, quien declaró y dio elementos para (la captura) de Pacheco, director de la Aisem hasta ese momento”, recordó.
Posteriormente, en base a estas declaraciones, se procedió con la aprehensión de otros dos funcionarios de la Aisem.
Después se continuaron estableciendo más elementos con las declaraciones de todas esas personas y se “abrió más la investigación aclarando mucho más la (indagación) y el Ministerio Público (finalmente) ordenó la aprehensión del exministro Navajas”, apuntó.
