En 2020 las recaudaciones por la coparticipación tributaria cayeron en 26,1% respecto a 2019, lo que afectó los presupuestos ediles y departamentales.
Por ley, las alcaldías del país deben destinar distintos porcentajes de sus ingresos por el Impuesto Directo a Hidrocarburos (IDH) y la Coparticipación Tributaria (CT) al pago de nueve beneficios creados por el Gobierno. Para su cumplimiento, invierten al menos el 42% de sus recursos del IDH y el 26% de las transferencias de la CT.
Los bonos y fondos a los que se destinan recursos ediles son: la Renta Dignidad, el Fondo de Fomento a la Educación Cívico Patriótica, el Fondo para la ley para garantizar a la Mujer una Vida Libre de Violencia, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el Sistema de Salud Integral, el programa de Desarrollo Deportivo en la Jurisdicción Municipal, el Organismo de Participación y Control Social, el Sistema Asociativo Municipal y el bono para personas con discapacidad.
Los tres primeros significan 42% de los recursos del IDH asignados a cada municipio, mientras que el bono para discapacidad puede ser financiado por el IDH, la CT y otros fondos. Los otros beneficios son financiado por el 26% de la CT.
En medio de la crisis financiera que se profundizó con la llegada de la pandemia, el cumplimiento de estas obligaciones se complica para los gobiernos municipales, ya que las dos fuentes de financiamiento han sufrido una seria disminución. El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, dijo que en 2020 hubo una caída en las recaudaciones tributarias del 26,1%. En el caso del IDH, la baja fue de 10,8%.
La semana pasada, los alcaldes de seis ciudades capitales del país emitieron un pronunciamiento. En el documento afirman que a partir de 2015-2016, por efecto de la baja de los precios internacionales del petróleo y otras políticas públicas aplicadas desde el Gobierno central, se inició una sostenida afectación a sus economías.
Sin autonomía financiera
Andrés Uzín, analista y especialista en políticas públicas, señala que la Coparticipación Tributaria ha sido la principal fuente de financiamiento de los gobiernos municipales desde su creación. La CT significa la mayor fuente financiera para buena parte de los 339 municipios del país.
“En este sentido y contra la autonomía municipal, el Gobierno central en el transcurso de los últimos años ha aplicado políticas que aprovechan esta fuente financiera obligando a los gobiernos municipales a pagar desde esta fuente programas como el Sistema Único de Salud (SUS) y los bonos para las personas con discapacidad, por citar dos ejemplos. La observación no va a estos programas sino a su financiamiento”, manifestó Uzín.
Por ejemplo, el pago de la renta mensual de vejez de 250 bolivianos representa para las comunas el 30% del total de sus ingresos por concepto del IDH. Los municipios que más sufren con estas obligaciones son los más pequeños, porque el IDH o la CT son sus únicos ingresos.
“La Ley 475 de Prestaciones de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia obliga a que el 15,5% de la Coparticipación Tributaria sea destinado a financiar programas como el SUS. Si bien la salud es una competencia concurrente y por ello debería ser responsabilidad financiera de todos los niveles del Estado, lo que hace en realidad es reducir la CT o darle un destino específico coartando la autonomía municipal”, sostuvo el especialista.
Añadió que lo mismo se puede decir del bono para las personas con discapacidad, que si bien es muy justo -y a su criterio insuficiente- no debería financiarse en contra de las capacidades locales para resolver problemas de la comunidad.
“En el mundo se ha evidenciado que los gobiernos locales o subnacionales, urbanos y rurales, que son fortalecidos y adecuadamente financiados tienen mejores capacidades y posibilidades de resolver los problemas de sus ciudadanos. ¿Entonces, por qué vamos en reversa con estas políticas?”, cuestionó el analista.
Deterioro financiero desde 2015
Un análisis de la Fundación Jubileo señala que la situación de las finanzas públicas registra un constante deterioro, principalmente desde el año 2015, con un déficit fiscal que fue incrementándose. Afirma que la situación se profundizó con la llegada de la Covid-19.
El documento explica que los recursos de las gobernaciones, que registraron una notable disminución entre 2014 y 2016, principalmente como efecto de la caída de los ingresos por hidrocarburos, nuevamente presentan una baja.
Añade que en relación con los presupuestos de los gobiernos municipales, que dependen en mayor grado de las recaudaciones de impuestos y coparticipación, éstos registrarían una disminución de alrededor de 20% entre el presupuesto 2019 y el del 2021.
“La situación fiscal del país está llegando a una situación límite, con claras señales de insostenibilidad”, sostiene el estudio.
Compleja situación financiera municipal
La semana pasada los alcaldes salientes de siete ciudades capitales del país (La Paz, El Alto, Santa Cruz de la Sierra, Trinidad, Cochabamba, Tarija y Sucre) emitieron un comunicado sobre la situación financiera que atraviesan.
Señalan que las alcaldías registraron un déficit de aproximadamente 6.000 millones de bolivianos en 2020, con reducciones de 2.000 millones en transferencias de coparticipación tributaria, 1.000 millones en transferencias del IDH, 1.000 millones de recursos propios y de 1.200 millones de la inversión pública, entre otras.
Los burgomaestres apuntaron al pacto fiscal como la mejor salida a la situación adversa por la que atraviesan los gobiernos subnacionales.
Recordaron que sufrieron “grandes recortes” de recursos para cubrir obligaciones del Gobierno nacional que les fueron impuestas, como los son los distintos bonos y fondos.
Nueve beneficios sociales
- Ley Por ley las alcaldías pagan nueve políticas nacionales. Éstas son financiadas con recursos municipales provenientes de los ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y de los recibidos por Coparticipación Tributaria (CT). Los porcentajes por invertir en estos pagos fueron dispuestos en las normativas nacionales.
- Renta La Renta Dignidad es financiada con los recursos percibidos del IDH. Se destina el 30% de estos ingresos.
- Reivindicación marítima La Ley 3058 señala que el “Fondo de Fomento a la Educación Cívico Patriótica” debe ser financiado con 0,2% del IDH de los gobiernos ediles.
- Seguridad El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Para una vida Segura se financia con el 10% de la CT.
- Violencia Los municipios deben destinar el 10% de su IDH al fondo para la ley para garantizar a la Mujer una Vida Libre de Violencia.
- Salud Se destina el 15,5% de la CT al funcionamiento de la Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral.
- Deportes El 3% de las transferencias por CT debe destinarse para el Desarrollo Deportivo en la Jurisdicción Municipal.
- Participación El 0,25% de los ingresos por CT deben ser destinados al Organismo de Participación y Control Social.
- Municipios De la misma forma, el 0,004% de lo percibido por la CT debe destinarse al Sistema Asociativo Municipal.
- Discapacidad Las alcaldías podrán financiar el pago del bono de 250 bolivianos para personas con discapacidad grave y muy grave con recursos del IDH, la CT y otros.
Disminución de 10,8% y 26% en los recursos del IDH y de la CT en 2020
El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, explicó que por la pandemia y “una mala gestión”, en 2020, hubo una caída en las recaudaciones tributarias del 26,1%. En el caso del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la baja fue de 10,8%.
“En 2019, las recaudaciones de los ingresos tributarios alcanzaron a 46.577 millones de bolivianos, mientras que en 2020 cayeron a 34.416 millones de bolivianos. es decir que hubo una disminución de 26,1%”, explicó Mamani.
Afirmó que esta baja en las recaudaciones se debe a que durante el gobierno transitorio, la administración -según la autoridad- fue “deficiente”, Añadió que también fue un efecto de la suspensión del pago de tributos, como el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE).
“De igual forma, el ingreso por el IDH y regalías disminuyó en 10,8%. En 2019 se recaudaron 10.074 millones de bolivianos, mientras que en 2020 se recaudaron 8.900 millones”, explicó.
Dijo que esto repercutió en las transferencias por Coparticipación Tributaria (CT) e IDH a favor de los gobiernos municipales. Por ejemplo, en el caso del municipio de La Paz, las transferencias cayeron en 13% en relación con 2019, mientras que en el período marzo 2020 a marzo 2021 se registra una disminución del 14%.
Es decir que en 2020 la sede de Gobierno recibió 649 millones de bolivianos menos que en 2019. De ese total 473 millones correspondían a la CT y 118 millones al IDH.
Aclaró que el Gobierno central no adeuda recurso alguno a algún municipio ni Gobernación. “Cada noche, todo peso que se recauda por impuestos es transferido a las cuentas de los ediles y departamentales correspondientes”, afirmó el viceministro Mamani.
En el caso del IDH, la distribución se hace cada vez que YPFB paga este impuesto “Por eso no se adeuda nada. Es algo que debe quedar claro”, reiteró. Dijo que se preparan medidas para apoyar a los municipios ante la baja de sus recursos.
Las alcaldías del eje
Hoy los alcaldes electos de los municipios de capitales del eje troncal del país y de El Alto asumen las alcaldías con bajos recursos y una herencia de deudas millonarias.
La Paz El alcalde electo Iván Arias señaló que para 2021 la comuna hizo un POA de 2.109 millones de bolivianos, pero se estima que se recibirán sólo 1.600 millones, lo que deja un hueco de 500 millones.
Santa Cruz La comisión de transición del municipio de Santa Cruz de la Sierra informó que la deuda pública asciende exactamente a 964 millones de bolivianos, según los estados financieros.
El Alto La comisión de transición sostuvo que no se pudo establecer a cuánto asciende la deuda pública, debido a que no les proporcionó toda la información.
Llajta La comisión de transición del alcalde electo Manfred Reyes Villa indicó que se tiene conocimiento que el municipio tiene una deuda flotante y una deuda no declarada.
Hoy nueve gobernadores y 339 alcaldes electos asumirán sus cargos para ejercerlos durante cinco años, después de ganar las elecciones subnacionales del 7 de marzo y los balotajes en cuatro regiones, el 11 de abril.
Crisis La situación de los gobiernos subnacionales cambió debido a la crisis. Será difícil para los nuevos alcaldes y gobernadores cumplir las promesas que hicieron en campaña.
Por Leny Chuquimia
Fuente: Página Siete
