La presidenta Jeanine Añez observó la Ley del Bono Contra el Hambre y la devolvió la norma al Legislativo para su reconsideración, con la propuesta de que se apruebe otros créditos para pagar el beneficio.
La información fue proporcionada por el ministro de Economía, Óscar Ortiz, quien explicó que la observación se refiere a los fondos designados por la ley para el pago del Bono de Bs.1000.
La ley aprobada en el Legislativo señala que el bono debe pagarse con créditos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sin embargo, Ortiz señaló que esos empréstitos aún no habían sido sancionados por la Asamblea y que, además, sus fines establecidos no incluyen pagar el nuevo bono.
Ortiz acotó que incluso los propios organismos internacionales, que ofrecen esos créditos, indicaron que no se pueden desembolsar los recursos si es que se destinan a un fin distinto al ya contemplado.
Anteriormente, el ministro Ortiz ya había explicado que los créditos del Banco Mundial y del BID servirían para compensar el dinero usado para pagar los bonos anteriores y sustentar los gastos hasta fin de año.
Manifestó que, en la carta enviada por Añez a la Asamblea, se plantea solucionar este tema aprobando los financiamientos con objeto abierto de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la cooperación francesa.
Dijo que, aprobando esos financiamientos, se podría pagar el Bono desde septiembre.
“La presidenta Jeanine Añez le está dadno (a la Asamblea) el camino para hacerlo viable y cómo podríamos hacer factible iniciará en septiembre el pago este nuevo Bono: que aprueben los otros créditos que ellos tienen en sus manos y que tienen un objeto abierto de apoyo al presupuesto general de la nación”, recalcó.
Por procedimiento constitucional, las observaciones de Añez deben ser tratadas por la Asamblea Legislativa que, en caso de rechazarlas, puede seguir adelante con la promulgación.
La Asamblea fue convocada a sesionar este jueves para tratar justamente las observaciones de Añez.
Los financiamientos que propone aprobar el Gobierno son de 350 millones de dólares de la CAF, 327 millones de dólares del FMI y de 100 millones de euros de Francia.
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