La Asociación de Defensa de los Fondos de Pensiones mantiene su rechazo a la administración estatal de los fondos de pensiones. Ayer, se movilizó en el centro de Santa Cruz para expresar su protesta.
La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) instruyó mayores restricciones para las inversiones que realizan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro y Previsión en valores emitidos por entidades de intermediación financiera del país. La medida fue cuestionada por expertos en la materia y causó alerta entre asociaciones de aportantes.
El nuevo marco regulatorio está contemplado en la Resolución Administrativa APS 1976 del 30 de diciembre de 2022, la cual tiene como finalidad “mitigar el riesgo de inversión en depósitos a plazo fijo (DPF) de las entidades de intermediación financiera que presentan mayor riesgo crediticio a tasas superiores”.
Según la norma, se podrá realizar la inversión en valores representativos de deuda emitidos por entidades financiera que presenten: índice de liquidez igual o mayor del 50% en las últimas dos gestiones, coeficiente de adecuación patrimonial (CAP) igual o mayor del 11% y cumplimiento a compromisos financieros en la emisión de bonos en las dos gestiones anteriores.
A noviembre de 2022, el valor de los fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP) ascendía a $us 23.967 millones, de los cuales la cartera de inversiones alcanzó a $us 23.595 millones y los recursos de liquidez a $us 327 millones.
Las inversiones en valores emitidos por las entidades financieras (DPF y bonos) no deben superar el 65% del fondo -según norma- y ahora están en 54%, lo que representa $us 12.938 millones. De ese monto, $us 10.735 millones están concentrados en bancos con calificación de riesgo AAA y AA, y $us 2.024 millones en bancos con nota A1 y A2, que suponen “mayor riesgo crediticio para el portafolio”.
De total de la cartera, los valores de deuda bancaria representan el 54%, los instrumentos emitidos por el sector estatal un 30% y otros valores no bancarios un 7%.
Para Armando Álvarez, ex gerente general de la Bolsa Boliviana de Valores, estas nuevas restricciones revelan la intención de la APS de actuar “como un Comité de Inversiones de las AFP y de la Gestora Pública”, al establecer en criterios específicos que deben ser definidos por los inversores, ya sean las AFP, la Gestora o las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI), y por las calificadoras de riesgo.
“Eso no le corresponde, porque así como pone esos criterios y otros que vea por conveniente, los puede quitar (…). Si el regulador pretende reducir riesgos, simplemente debería elevar la calificación de riesgo mínima requerida para que un valor pueda ser adquirido”, indicó.
El diputado Miguel Antonio Roca expresó su preocupación porque el Ministerio de Economía, “que maneja la ASFI, la APS y la Gestora”, sea “juez y parte en todo”. “En otras palabras, la excesiva regulación obliga a las AFP y a la Gestora solo a prestarse del Gobierno”, afirmó el legislador de CC.
“Si se hace un análisis, hay bancos que ya no calificarían” a las inversiones de las AFP. “Deja a algunos fuera de competencia o los va a poner en una situación en la que acceder a la liquidez se vuelve mucho más difícil”, sostuvo a su vez el analista Jaime Dunn.
Esta nueva norma se aprueba en un momento de baja rentabilidad de los fondos de pensiones, la cual se explica porque las AFP no pueden invertir en el exterior, salvo en los bonos soberanos emitidos por el Estado.
Así, invierten “localmente en un contexto de tasas de interés a la baja (ofrecidas por el TGN), que no reflejan el riesgo de un país con nueve años consecutivos de déficit fiscal y un alto endeudamiento, además de ser bastante más bajas que las que se demandan por los bonos soberanos en los mercados internacionales”, de acuerdo con un análisis de Fundación Milenio.
Fuente: El Deber
