La Ley del Bono Contra el Hambre nació sin recursos. Pese a su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, la Ley 1330 que crea el Bono Contra el Hambre de Bs 1.000, ésta no podrá hacerse efectiva. El Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaron, cada uno por su parte al Gobierno que, los recursos facilitados al Estado boliviano no pueden utilizarse para otros fines que no estén consignados en los contratos de préstamo.
El Ministerio de Planificación del Desarrollo consultó el mes pasado a ambas organizaciones multilaterales, si considerarían “gastos elegibles” dentro del objeto y alcance del Contrato de Préstamo de la referencia gastos asociados, al pago de otro tipo de transferencias monetarias.
“Informamos a usted que, de acuerdo con el análisis de Banco, el pago de otras transferencias no incluidas en el listado, no sería elegible total ni parcialmente, bajo los términos del contrato de financiamiento firmado entre las partes”, respondió Alejandro Melandri, representante del BID, a la carta del viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Gonzalo Quiroga.
En otra carta, el BM también respondió al Gobierno. “En el caso del Proyecto de Redes de Protección Social de Emergencia para la Crisis del Covid-19 en Bolivia, sólo hay tres gastos elegibles, que son: pagos realizados a los beneficiarios del Bono Familia, del Bono Canasta Familiar y del Bono Universal; costos por los servicios de pago a través del sistema bancario; y, costo de una auditoría financiera anual a realizarse por una empresa independiente”, señala Indu John-Abraham, representante residente del BM en Bolivia.
Luego, indica que “dado que el proyecto funcionará con un mecanismo de ‘desembolso por reembolso de gastos elegibles’, el Gobierno deberá preparar y enviar al Banco Mundial, un reporte con los gastos elegibles incurridos, y en la medida que documente debidamente los gastos elegibles incurridos, el Banco desembolsará los fondos correspondientes a la cuenta indicada en la Carta de Desembolsos”.
En el caso de los recursos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial, para el financiamiento de proyectos de inversión, los créditos y préstamos otorgados por estas dos organizaciones públicas internacionales “solo financian gastos elegibles que sean necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto, incluyendo, arreglos fiduciarios aceptables, para asegurar que los fondos de los créditos y préstamos sean utilizados únicamente para el propósito para el cual el financiamiento fue otorgado con la debida atención a consideraciones de economía, transparencia y eficiencia”.
El contrato para acceder a los recursos del BM especifica que el financiamiento se destinará a reponer los recursos que se usaron para el pago de los bonos Universal, Familia y Canasta familiar. El préstamo del BID será para devolver los recursos utilizados para el pago de la Renta Dignidad, un saldo restante para el pago del Bono Canasta Familiar y una parte de la subvención de las tarifas de electricidad, que fueron reducidas según el consumo de cada familia, como una forma de mitigar los efectos del coronavirus.
Según el artículo 3 de la Ley 1330, el Bono Contra el Hambre será financiado con los recursos provenientes de la reposición a ser efectuada en el marco de dos contratos de crédito externo, a ser aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Apunta al Contrato de Préstamo N° 9115-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial, por $us 254,3 millones. Y el contrato de préstamo N° 5039/OC-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el BID, por $us 450 millones.
La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa, afirmó el viernes que el Bono contra el Hambre de Bs 1.000 será financiado con los créditos del BID y del BM, que suman $us 704 millones para darle un respiro económico que sufre la población por las improvisadas políticas gubernamentales para afrontar el coronavirus.
Copa cuestionó las versiones de los ministros de Obras Públicas y Justicia, Iván Arias y Álvaro Coímbra, respectivamente, quienes aseguraron que no existen los recursos económicos para pagar el bono. Ninguna de las leyes que aprueban los créditos internacionales en cuestión, han sido aprobadas por la Asamblea hasta el momento.
El Deber
