El Ejecutivo asegura que la tasa será del 4,8%, pero el Banco Mundial prevé un 2,8; el FMI un 3,2% y la Cepal un 2,9%.
¿Qué pasará con la economía en 2023? Es quizás la pregunta que mucha gente de a pie se hace. No es para menos, el 2022 dejó la percepción de que todo marcha lento — pese a las cifras optimistas lanzadas por el Gobierno — así lo aseguraron a lo largo del año varios economistas que cuestionan la administración estatal. Además, en un sondeo realizado por Dinero en redes sociales (publicado el 6 de diciembre) en el que participaron 382 internautas, se ve que el 77,2% no cree que Bolivia crezca a un 4,8% en 2023 como calcula el Presupuesto General del Estado.
Y si bien no se puede predecir lo que sucederá con exactitud, las estimaciones de organismos internacionales dan cuentan de que el país seguirá creciendo, pero de forma moderada entre un 2,9% y un 3,8%.
Más de allá de no coincidir con las tasas de crecimiento proyectadas por el Gobierno de Luis Arce Catacora, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Cepal han realizado una serie de observaciones sobre la economía nacional.
Banco Mundial, FMI y Cepal
En su último informe sobre las proyecciones económicas para el país en 2023, el Banco Mundial (BM) hace notar la disminución de las reservas internacionales y cómo ese factor impactará en un menor crecimiento del país. El próximo año, según el organismo, el país crecerá a una tasa del 2,9%.
Sobre Bolivia, el BM destacó que “las ayudas fiscales y alza en el precio de algunas materias primas han permitido una recuperación tras las caídas durante los años de pandemia. Sin embargo, “el alto endeudamiento público y las modestas reservas internacionales podrían limitar los esfuerzos para dinamizar la economía solo mediante políticas expansivas, en especial si el sector privado no juega un rol más activo y sostenido”.
Siguiendo su análisis, dijo que “Bolivia está expuesta a diferentes riesgos asociados al contexto internacional como la volatilidad de los precios de las materias primas, la desaceleración global, el aumento de las tasas internacionales de interés y el aumento de los precios de los alimentos”. Por lo que “estos riesgos podrían afectar la sostenibilidad de los esfuerzos del Gobierno para proteger la economía y la población”.
Siguiendo su análisis, sostuvo que las limitadas reservas de gas, “los altos subsidios a los combustibles, un mercado regional cada vez más desafiante y esfuerzos globales por descarbonizar el sector energético, hacen necesario buscar alternativas a la exportación de gas”.
El banco asegura que Bolivia tiene oportunidades en el sector hidrocarburífero que, sumadas al importante potencial minero de Bolivia, podrían aprovecharse “mejorando el ambiente de inversiones, principalmente en los campos de la regulación laboral y tributaria, con miras a dinamizar la inversión privada y la productividad, a tiempo de reducir la alta informalidad”.
Para el resto de Latinoamérica, el Banco Mundial proyectó bajas tasas de crecimiento; entre un 1,6% y 2,3%, en 2023 y 2024.
“Para consolidar la recuperación, promover el crecimiento y reducir la pobreza y la desigualdad, los países deben seguir invirtiendo en programas sociales e infraestructura. Dicho esto, pueden mejorar la eficiencia del gasto público y así obtener ganancias del 4,4 % del PIB en promedio”, recomendó el organismo internacional.
Mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) sostiene que el crecimiento se proyecta en 3,8% interanual en 2022, más lento que en 2021, pero suficiente para que el PIB vuelva a su nivel anterior a la pandemia a fines de año.
“Los elevados precios sostenidos de los productos básicos continuarán impulsando los ingresos mineros y agrícolas. Se proyecta que la inflación aumentará al 4,2% interanual para fin de año, ya que los precios internacionales se alimentan parcialmente de alimentos y energía”, dijo el organismo.
Sobre el futuro, recomendó al país realizar un ajuste fiscal significativo para restablecer la sostenibilidad de la deuda, eliminar el financiamiento monetario y regenerar las reservas internacionales.
“Si Bolivia opta por conservar el tipo de cambio fijo, para restablecer la sostenibilidad macroeconómica será necesario reducir el déficit primario hasta alrededor del 1,5% del PIB con arreglo a un plan viable a mediano plazo”, dijo.
En esa línea, el FMI sostiene que el país necesita reformas para promover la inversión en hidrocarburos y minería.
“La ley de hidrocarburos debe reformarse para incentivar las inversiones”, plantea en su diagnóstico la organización.
Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) bajó su perspectiva de crecimiento para toda la región. En el caso boliviano la organización prevé que para el próximo año el país crezca un 2,9%.
“En un contexto de incertidumbres externas y restricciones internas, los países de América Latina y el Caribe crecerán un 3,7% en 2022, poco más de la mitad de la tasa del 6,7% registrada en 2021. Se estima que en 2023 se profundice la desaceleración del crecimiento económico y se alcance una tasa del 1,3%”, señala la organización.
El Gobierno es optimista
En este escenario, el Gobierno prevé un 2023 mucho más venturoso para la economía con una tasa de crecimiento del 4,8%.
En su informe anual el ministro de Economía, Marcelo Montenegro aseguró que el país continuará en la senda del crecimiento con estabilidad de precios en un contexto internacional “complejo marcado por incertidumbre y elevadas tasas de inflación”.
“El 2023 es un año para seguir reconstruyendo la economía con una tasa de crecimiento positivo, estabilidad de precios y un modelo que irá sustituyendo las importaciones gradualmente para generar un sector productivo con industrialización”, enfatizó.
Con base en esos datos, Montenegro rechazó las aseveraciones de “algún analista” en sentido de que en 2023 el país estaría en estanflación; es decir, con “alta inflación y con recesión”.
Ante las observaciones realizadas sobre el nivel de las Reservas Internacionales Netas (RIN), el Banco Central de Bolivia (BCB) -mediante un comunicado de prensa- explicó que las mismas se redujeron por la baja cotización del oro y el alto costo de la importación de combustibles.
A esto se suma el incremento en la tasa de política para contener la inflación efectuada por la FED y otros bancos de economías avanzadas, repercutieron en una pérdida de RIN en diversos países.
“En el caso boliviano, el efecto alcanzó aproximadamente a una disminución de $us400 millones por la valoración de las reservas valuadas en oro entre marzo y octubre de la presente gestión”, dijo.
Adicionalmente, el BCB sostuvo que el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia se tradujo en un aumento de los precios de combustibles a nivel mundial. Este aspecto determinó el incremento en el monto pagado por la importación de combustibles en aproximadamente $us1.400 millones con respecto a 2021, ejerciendo presiones sobre el componente de divisas en las RIN.
Incluso el presidente Luis Arce Catacora sostuvo que Bolivia muestra al mundo la calidad de la gestión económica que la ubica entre las mejores del planeta por tener la segunda inflación más baja a escala global.
“Bolivia, hermanos y hermanas, y por eso no sentimos orgullosos, es uno de los países, que, siendo pequeño, está mostrando que la calidad de la gestión económica en nuestro país es de las mejores del planeta”, dijo en un acto de entrega de un mercado en el municipio de La Guardia, en Santa Cruz.
El jefe de Estado añadió que “somos la envidia de muchos países que están enfrentando inflaciones. Aquí nomás en América Latina (hay) países que tienen cerca del 70% de inflación anual”.
Por su parte, el economista Germán Molina calificó de poco acertada la aseveración del presidente. Sostuvo que por ejemplo la inflación es baja por el control de precios y la subvención de algunos productos como el combustible y los alimentos. Cuestionó incluso el gasto del Estado.
Aseguró que, si bien el déficit fiscal que se prevé para 2023 es menor en 6,37% que el déficit presupuestado de este año en 8%, sigue siendo excesivo.
“El problema central de la economía no es el gasto público sino su financiamiento que según principios y reglas fiscales sean con ingresos genuinos; es decir, impuestos y si no cubren recurrir a los inversionistas privados otorgando un clima favorable, institucionalidad, justicia, libertad económica y política”, dijo.
Fuente: El Deber
