El Gobierno asegura que se trata de políticas como “una base de protección” para la economía nacional.
Durante la gestión 2023, el Gobierno inyectó Bs 17.656 millones a la economía para el pago de bonos, subsidios y subvenciones. El Gobierno calificó a estas políticas sociales como “una base de protección” ante efectos del contexto internacional complejo.
Este dato fue revelado el viernes en una conferencia de prensa en Santa Cruz, por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.
La autoridad sostuvo que estos recursos fueron colocados como parte de una política de distribución del ingreso, el año pasado se beneficiaron diferentes sectores de la población boliviana con los bonos, subsidios y subvenciones.
Estos recursos fueron destinados en 2023 por el Estado para el Bono Juancito Pinto, el Bono Juana Azurduy, el subsidio para madres, la Renta Dignidad, además de la subvención a los alimentos e hidrocarburos.
El año pasado, el Bono Juancito Pinto benefició a 2.297.296 estudiantes con Bs 477 millones. Mientras que el Bono Juana Azurduy llegó a 203.724 madres y niños menores de dos años con Bs 155 millones.
El subsidio otorgado por el Sedem benefició a 88.096 mujeres en etapa de gestación con 352.345 paquetes de alimentos por un valor de Bs 106 millones. En tanto, la Renta Dignidad fue cancelada a 1.184.738 personas mayores de 60 años por un monto de Bs 3.791 millones
Asimismo, la subvención a los alimentos demandó Bs 449 millones, de los cuales Bs 111 millones corresponden al acopio y Bs 337 millones a la comercialización. Por otro lado, la subvención a los hidrocarburos llegó a Bs 12.678 millones, de los cuales Bs 12.477 fueron para diésel y gasolina y Bs 202 millones para incentivos y otros.
El ministro Montenegro señaló que la subvención mantiene la estabilidad económica que tiene Bolivia, que se diferencia de otros países del mundo en los que “todos los días el costo de vida se eleva”.
En otros países “todos los días aumenta el precio de la energía, del transporte, de los inmuebles, de los alimentos, (además) del costo de la educación, de la salud. Entonces son otras realidades donde cada quien se tiene que arreglar la vida como pueda, en cambió aquí (en Bolivia) el Estado ofrece una base de protección para que no seamos afectados por esos efectos (externos)”, dijo.
Fuente: El Deber
