Empresariado cruceño dice que el sector es golpeado duramente por la pandemia, el contrabando, la informalidad y la ausencia de incentivos fiscales. Estiman al menos 407.000 desocupados a escala nacional.
“La crisis de salud no ha acabado y la economía continúa precarizándose aún más. La estabilidad de las empresas depende de la liquidez, la capacidad de gasto, la demanda y la producción, todas estas variables han caído a niveles extremos”. Así, con esa contundencia, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, aclaró que en las actuales condiciones no existe la posibilidad de un incremento salarial este año.
La semana pasada, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, afirmó que la organización sindical de los trabajadores se mantiene firme en la demanda que incluye el pliego petitorio que contempla el incremento salarial de un 5%, tanto al salario básico como al salario mínimo nacional, para la presente gestión. Hizo notar que el porcentaje fue definido tomando en cuenta la crisis por la pandemia del Covid-19.
De acuerdo con Barbery, cada 1% que se aumente al salario mínimo nacional o al haber básico significan $us 47 y 54 millones adicionales en el sector público y privado, respectivamente. Insinuó que ni el Estado ni las empresas privadas formales pueden sostener este gasto. “En las actuales circunstancias necesitamos garantizar las fuentes de trabajo y toca pensar en la sobrevivencia de las empresas, los negocios y los emprendimientos que son los que generan el empleo. Si se los presiona más, sencillamente van a cerrar, y el colapso de los sectores privados va a significar un aumento exponencial del desempleo y la pobreza”, puntualizó.
Barbery alude que la dirigencia de la COB debe entender que no está en debate la voluntad de los empleadores o el cálculo político, sino la situación de miles o millones de personas y familias que pueden quedarse sin fuente de ingresos. En este momento, dijo que las empresas formales están sometidas a un aumento irracional en la presión impositiva, la falta de liquidez y la caída de la demanda.
“Si a esa situación le añadimos más presión por el lado del aumento de salarios, un colapso general será inevitable, afectando primero a las mypes, a las medianas empresas y al sector industrial. La desocupación, el empleo precario, la informalidad y el comercio de supervivencia aumentarán de manera incontrolable, al igual que la pobreza y la conflictividad”, apuntó Barbery.
Con cifras oficiales, afirmó que hasta noviembre de 2020, el desempleo abierto era del 8,7%, la tasa más alta en casi 20 años. En cifras brutas, ese porcentaje del 8,7% significa 407.000 desocupados.
A decir del presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc), Jean Pierre Antelo, el objetivo principal de la mayoría de las empresas privadas es salvar los empleos formales que garantizan un trabajo digno.
Por: Fernando Rojas Moreno
Fuente: El Deber
