La Cámara Automotor Boliviana (CAB) advirtió este domingo a la Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, que aprobar una nueva ley para nacionalizar “autos chutos”, es una forma de blanquear dinero ilícito procedente del narcotráfico, terrorismo o de cualquier tipo de actividad delictiva.
De esa manera el sector que agrupa a las empresas importadoras legamente establecidas, rechazó una iniciativa legislativa de aprobar un nuevo período de nacionalización de autos indocumentados, tal como se hizo el 2011 cuando se dijo que era “por única vez”.
Ahora la diputada del MAS Concepción Ortiz presentó su proyecto de ley y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Choque (MAS) dejó abierta la posibilidad de analizar tomando en cuenta la necesidad de recaudar fondos públicos en un momento en que el Estado necesita recursos para financiar la emergencia sanitaria.
“No es concebible que los padres de la patria, que son los defensores de la Constitución y las leyes, sean los que legalicen un delito tan grave como el contrabando que blanquea dineros del narcotráfico, terrorismo y financia todo tipo de actividades delictivas”, declaró a Erbol el gerente general de la CAB, Luis Encinas.
De acuerdo con la proyectista, el año 2011 la nacionalización de 69.000 “chutos” dejó 1.300 millones de bolivianos para el Estado pero no ha logrado frenar la internación ilegal. Ahora argumenta una nueva realidad económica, social y necesidad de evitar niveles de corrupción de personas que lucran con la internación, venta y la nacionalización de estos autos.
Encinas alerta sin embargo que dicho proyecto de ley tendrá un duro efecto para el sector, tomando en cuenta que por más de 100 días están sin vender un solo vehículo, además que durante cuatro meses, pagaron el salario de 12 mil empleados en todo el país.
Manifestó que el sector tiene unos 20 mil vehículos que tuvieron que ser nacionalizados en el plazo de 60 días, porque al día siguiente de vencido el tiempo, la Aduana Nacional lo iba a declarar en abandono. A fin de salvar el apuro acudieron a préstamos bancarios para cubrir el costo de la nacionalización y como pueden vender estima que “se va a romper la cadena de pago” a los bancos.
La Cámara prevé hasta fines de diciembre una caída programada del 50 por ciento de su actividad económica comparada con el año anterior. Este efecto también alcanzará a las 70 mil fuentes de trabajo indirectas en todo el país.
Precisó que las empresas importan legalmente al año 60 mil vehículos. A estas alturas del año tienen en stock unos 20 mil autos nuevos, lo que significa que ya no podrán importar más, salvo aquellos que ya tienen compromisos asumidos. “Esto de la ley de autos chutos nos va a matar”, advirtió.
Explicó que el parque automotor tiene unos 2 millones de vehículos, de los que el 30 por ciento es nuevo, es decir, entre 0 a 10 años de antigüedad y el resto son autos obsoletos, chutos y contaminantes que elevan la subvención ocasionando una pérdida de 1.500 millones de dólares al año.
Dijo que el país tiene el estigma de beneficiar a blanqueadores de dinero que junto a los importadores “grises” – aquellos que subfacturan o fingen legalidad de sus importaciones – evaden impuestos al fisco. En cambio la CAB anualmente paga unos 250 millones de dólares por tributos aduaneros y otra cantidad similar por impuestos a la venta de vehículos.
Anunció que este lunes tomarán algunas acciones ante la Asamblea Legislativa destinadas a rechazar el proyecto de ley, porque no serán cómplices del “tremendo daño económico” que genera la legalización del delito.
Erbol.
