El legislador Marcelo Pedrazas informó que el caso de la Jindal Steel Bolivia S.A. sería el caso número once.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas denunció este martes que se generó un daño económico al Estado de 609 millones de dólares por 10 arbitrajes internacionales asumidos por la Procuraduría General del Estado desde el 2009. El legislador señaló que la información fue obtenida mediante una Petición de Informe hecha a la Procuraduría y remarcó que el Estado no ganó ningún laudo arbitral.
“Son 10 procesos, donde ni yo ni Comunidad Ciudadana está inventando el monto que el propio procurador nos ha señalado, de que el Estado ha erogado 609.171.535,00 de dólares. documentación oficial, presentada por la Procuraduría, pero ¿qué nos demuestra esto? Por una parte, que la Procuraduría es una institución inservible, porque no ha ganado ningún juicio, ni de manera arbitral, ni en la conciliación”, afirmó el diputado Pedrazas.
En una presentación detalló el monto pagado en cada uno de estos casos:
- Red Eléctrica Internacional S.A.U. US$ 65.268.000
- Pan American Energy LLC US$ 357.023.360
- Inversiones Econergy Bolivia S.A. (GDF SUEZ S.A.) US$18.425.000
- Carlson Dividend Facility S.A. US$ 240.000
- The Bolivian Generating Group L.L.C. US$ 10.24627
- Iberdrola S.A. E iberdrola Energía S.A.U. US$ 34.175.648
- Paz Holdings LTD. US$19.505.531
- Rurelec PLC US$ 36.023.114
- South American Silver Limited (SAS) US$ 25.588.525
- Quiborax S.A. y Non Metallic Minerals S.A. US$ 42.676.730
Remarcó que en el caso Quiborax, por el que se procesa al líder de la alianza CC, Carlos Mesa, la defensa del Estado boliviano permitió el proceso en el tribunal de arbitraje en base a un documento falso del exaccionista de Quiborax David Moscoso e indicó que el Gobierno acabó pagando un monto mayor al solicitado por la empresa demandante.
“Todos los casos son desde el momento en que la Procuraduría se ha hecho cargo de los procesos arbitrales a partir del 2009”, subrayó Pedrazas.
Asimismo, el legislador informó que el caso de la Jindal Steel Bolivia S.A. sería el caso número 11. La Procuraduría informó que se tiene un bufete de abogados contratado, pero que aún no hay un monto pagado. A finales de mayo se conoció que el bufete del exprocurador Pablo Menacho se hace cargo de la defensa ante el Estado.
Fuente: Página Siete Digital
