Los últimos tres gobiernos de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce, rechazaron sistemáticamente proyectos de decretos supremos enviados por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y de Minería, para el control del uso y comercio del mercurio, debido a la presión del sector cooperativista aurífero, informó el director ejecutivo del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).
“La única acción del Gobierno, nace del propio Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Minería para que se controle la importación del mercurio; hay que reconocer que estas dos instancias técnicas del Órgano Ejecutivo hicieron importantes esfuerzos. Sin embargo este proyecto de decreto supremo fue truncado, se lo ha presentado en tres ocasiones y en esas tres ocasiones ha sido rechazado”, señaló.
La información fue proporcionada durante el taller: “Impactos sobre Derechos Humanos del mercurio de la minería aurífera en Bolivia” realizado en La Paz, donde participó el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, quien denunció, que Bolivia “se convirtió en el centro de tráfico ilegal del mercurio en la región”.
“No importa qué Presidente esté en el Gobierno, el sector cooperativista tiene la suficiente fuerza, presión política para poder evitar que el propio Órgano Ejecutivo cumpla sus funciones importantes en temas de control del mercurio como Estado”, señaló el investigador.
Respaldado en respuestas a Peticiones de Informe Escritas (PIE) dio lectura: “El sector cooperativista aurífero solicitó una reunión para rechazar la promulgación del decreto, argumentando que serían afectados por el control del mercurio. A pesar de haber hecho notar que no estaban incluidos en el proyecto, mantuvieron su posición de rechazo argumentando que no aceptarán (el decreto) hasta que exista una alternativa viable al uso del mercurio”, sostuvo.
El último comentario del propio Ministerio de Medio Ambiente –dijo Campanini- se refiere al rechazo del sector cooperativista aurífero a conversar sobre el mercurio, y que a la solicitó de un cuarto intermedio para establecer mesas de diálogo con el sector, tampoco se logró dicha concertación.
“La preocupación es bastante clara en el sentido de que las presiones a los tres últimos tres gobiernos ha impedido avanzar en el control del mercurio (…). Y la última preocupación es algo que manifestó el Relator de Sustancias Tóxicas, Marcos Orellana: el rol que va adquiriendo Bolivia en la región, que es negativo porque permite una importación ilegal del mercurio de grandes cantidades destinadas a cubrir varios espacios de la región”, manifestó.
En esa línea dijo que Bolivia se va convirtiendo en un país de lavado del mercurio ilegal para el conjunto de la región. “No es un tema solo nacional, sino internacional”, subrayó.
Respecto a la respuesta de la Aduana a una reciente Petición de Informe Escrita, dijo que respondió de manera escueta que: manifiesta de forma explícita que solo controla sustancias peligrosas cuando hay una norma expresa”.
“La Ley General de Aduanas como la Ley del Medio Ambiente establece obligaciones al conjunto del Estado en términos de control del mercurio. En el caso de la Aduana debe controlar sustancias peligrosas, entre ellas, el mercurio, sin embargo, sorprende mucho cuando la Aduana dice que solo controlará cuando exista una norma expresa”, enfatizó.
“Se hace todo lo contrario al Convenio de Minamata”
Para el investigador Óscar Campanini, a pesar de que el Gobierno afirma que hace esfuerzos para aplicar el cumplimiento del Convenio de Minamata, las acciones realizadas muestran todo lo contrario, visión compartida con el Relator de Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos.
Recordó que Bolivia ratificó el Convenio de Minamata ley el 2015, pero fue el año que empieza a dispararse la importación del mercurio.
“En el gráfico de importaciones legales del mercurio, hasta el 2014 bordeaba las 10 toneladas promedio año y a partir del 2015 se dispara, y estamos desde ese año hasta el 2020 con un promedio anual de 192 toneladas por año. Lo que se tiene en pruebas es todo lo contrario”, citó.
También mencionó que el Convenio de Minamata, establece la realización de un Plan Nacional de Acción para reducir el uso y comercialización del mercurio, por lo que los Estados adscritos deberían plasmar esas acciones. El plazo para el diseño del plan venció en agosto de 2020.
“Se había tramitado un financiamiento para elaborar ese plan que había sido aprobado el financiamiento, pero no se avanzó, porque está en elaboración los términos de referencia”, dijo.
Lamentó que se demore en el financiamiento del plan con un presupuesto de 500 mil dólares -que es parte de una ley y un convenio internacional-pero el presidente Luis Arce entregue en calidad de regalo a la Federación de Cooperativas Mineras, un edificio valuado en 712 mil dólares.
“Otra preocupación que es muy importante tiene que ver con el conjunto de la minería, la Carta de Alegaciones enviada por el Relator de Sustancias Tóxicas y DDHH y el Relator de Pueblos Indígenas de la ONU, expresan su preocupación de cómo avanza la flexibilización normativa para facilitar la situación del sector cooperativista, pero no está avanzando en nada la normativa para el control del mercurio”, manifestó.
Fuente: Brújula Digital
