La inversión pública programada para 2022 es la segunda más grande en la historia de Bolivia y se anuncia luego de dos años en los que la generación de ingresos ha sido muy afectada por la crisis sanitaria.
Este año, de cada 10 dólares invertidos por el Estado boliviano, poco más de seis se destinarán a 33 proyectos y programas en las áreas de transporte, minería, industria, hidrocarburos y energía. La obtención de los recursos y la capacidad de ejecución presupuestaria serán los principales desafíos para concretar estas iniciativas, de acuerdo con la Fundación Jubileo.
Datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas detallan que, de un total de $us 5.015 millones de inversión pública presupuestada para esta gestión, el 62,5% se destinará a transporte (1.284 millones), minería (810 millones), industria (368 millones), hidrocarburos (359 millones) y energía (316 millones), mientras que el 37,5% restante cubrirá las necesidades de otros 12 sectores.
La inversión estatal de este año se incrementó en un 25% con relación a lo planificado para 2021 y responde a la necesidad de dinamizar el mercado interno e “incrementar la capacidad productiva” del país, según el titular de Economía, Marcelo Montenegro.
René Martínez, analista de presupuestos públicos de la privada Fundación Jubileo, considera por su lado que la cifra de $us 5.015 millones “es demasiado alta y está un poco alejada de la disponibilidad real de recursos que ha tenido el país en los últimos años”.
Factibilidad de los proyectos
Lo presupuestado para 2022 es similar a los $us 5.065 millones que se lograron ejecutar en 2016, “año récord de la inversión pública”.
“Ese fue en otro contexto, ahora los recursos han caído de manera muy significativa (…). Concretar una inversión pública de $us 5.015 millones es bastante difícil, por las capacidades de ejecutar que tienen los diferentes niveles de gobierno y por la disponibilidad de recursos”, indica Martínez.
Las cifras del Gobierno muestran que, tras alcanzar su pico en 2016, la ejecución de la inversión pública disminuyó hasta llegar a 3.769 millones en 2019 -el año previo a la pandemia-, a 1.784 millones en 2020 -en el inicio de la emergencia sanitaria-, y a $us 999 millones (25%) a junio de 2021.
El economista Lorgio Ardaya está seguro de que en “esta gestión habrá mejores niveles de inversión pública” que los alcanzados en 2021. “El año pasado, hubo un proceso de ajuste en la administración pública por los cambios que se dieron en municipios y gobernaciones (debido a las elecciones subnacionales)”, recuerda.
Del total de proyectos productivos que se pretende ejecutar durante el periodo 2022 el Ministerio de Economía destaca 33.
En el sector de transporte, se destinarán $us 306,1 millones al Programa de Construcción de Carreteras, 107,5 millones a la carretera Rurrenabaque-Riberalta, 96,2 millones al Tren Metropolitano de Cochabamba, 65,6 millones a la Doble Vía El Sillar y $us 60,8 millones a la carretera San José de Chiquitos-San Ignacio.
El investigador de Jubileo recuerda que la expansión de la Red Vial Fundamental ha sido el principal motor de la inversión estatal en los últimos años. “Lo que sí llama la atención es el significativo aumento de las inversiones en minería, que pasaron de un promedio del 5% en los últimos años al 16% en esta gestión”.
En el sector minero, se busca que los recursos impulsen el Programa de Industrialización para las refinerías de zinc en Oruro y Potosí ($us 431 millones), la Planta Siderúrgica Básica para la fabricación de laminados de acero en Mutún (177 millones), el desarrollo integral de la salmuera del salar de Uyuni (145,7 millones) y la planta concentradora de Colquiri ($us 29 millones).
Los primeros dos proyectos son de larga data y se han hecho varios intentos para hacerlos realidad. El primero se inició hace más de una década y el segundo en 2007.
Este inédito incremento en los recursos destinados al sector minero se da en un contexto de alza en la cotización de los minerales. Lo confirmó el 15 de enero el presidente Luis Arce. “No podemos desperdiciar los precios internacionales”, anticipó.
“Para que podamos dar como país el salto cualitativo a la industrialización (…), vamos a hacer modificaciones a la estructura de nuestro Ministerio de Minería, porque tenemos que apuntar a la producción de minerales como el estaño, el oro y el indio, que hoy son base para todos los electrónicos que consumimos”, afirmó.
El tercer sector que absorberá mayor inversión del Estado es el industrial, en el que destacan la implementación del Complejo Industrial Farmacéutico en Cochabamba ($us 111,1 millones), de la Industria Química Básica (98,6 millones) y de la Industria de Camélidos (11,3 millones); una planta de vidrio plano (30,4 millones); las plantas de cemento de Potosí (17,2 millones) y de Oruro (5,8 millones); dos procesadoras de maní (13,8 millones) y dos procesadoras de papa en Chuquisaca y La Paz (cada una de $us 11,2 millones).
Desafíos por superar
Se contemplan, además, tres plantas piscícolas en el Chaco, el lago Titicaca y en la Amazonia ($us 16,6 millones); una planta de transformación de asaí, copoazú, acerola, sinini, majo y otros productos de la Amazonia (8,3 millones); una planta de almacenaje y transformación de cereales en La Paz (10,7 millones); una beneficiadora de castaña (3,4 millones) y un laboratorio para el control de calidad del Ibmetro ($us 3 millones).
Para Ibo Blazicevic, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, el hecho de crear más industrias públicas debería repensarse y en lugar de ello generar asociaciones público-privadas.
“Esa inversión está bien si se trata del sector extractivo estratégico, no así si se trata del sector manufacturero, que habría que dejar a la iniciativa privada”, afirmó.
En hidrocarburos resaltan la perforación de los pozos Yara, Iñaú, Yope y Las Delicias ($us 90,9 millones); la prospección en la Cuenca Madre de Dios (57,2 millones); las plantas de Gas Natural Licuado (4,9 millones), de fertilizantes y granulados (4,9 millones) y de urea (4,5 millones); así como la preinversión en el programa de sustitución de importaciones de diésel (3,6 millones).
En el sector energético se priorizará la Hidroeléctrica Ivirizu ($us 100,5 millones), el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear (49,5 millones), la Hidroeléctrica Río Miguillas (42,2 millones) y el Parque Eólico La Ventolera (16,4 millones).
Ardaya explica que la inversión pública apoya al crecimiento económico, a la generación de empleo y al control de la inflación. “El sector privado no tiene la capacidad para generar la totalidad de estas inversiones necesarias”.
“Se sacrifica la economía del país en endeudamiento, pero se logra el crecimiento económico y el bienestar de la población boliviana”, afirma el economista.
Fuente: El Deber
