El nuevo préstamo externo proviene del BM, del BID y de España y Francia. Analistas piden transparencia en el uso de los recursos. Para esta gestión el Gobierno prevé una deuda pública de $us 3.621 millones.
Un nuevo paquete de préstamos del exterior se cocina en el Senado. La Cámara de Diputados ya lo aprobó. Se trata de un conjunto de créditos por un valor de $us 630 millones que de acuerdo con los prestatarios esta destinado para potenciar el servicio de agua en zonas urbanas, apoyar la producción de alimentos y hacer frente al cambio climático.
El Banco Mundial (BM) a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) destinará $us 300 millones para el proyecto de Innovación para Sistemas Alimentarios Resilientes.
La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) aportará $us 200 millones para apoyar al Programa de Reactivación Económica Sostenible y a la Resiliencia al Cambio Climático en nuestro país.
Mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinará $us 100 millones para financiar el Programa de Gestión Integral de Agua en zonas urbana, España mediante el Instituto de Crédito Oficial (ICO) aportará otros $us 30 millones para apoyar dicho programa.
Marco Flores, analista económico, sostuvo que este tipo de créditos no son de libre disponibilidad, pues lo organismos que aprueban los préstamos hacen un seguimiento para constatar que el uso de los recursos este acorde con los programas aprobados.
“Como se puede observar estos préstamos ya vienen condicionados para un determinado uso. No se lo puede destinar de manera arbitraria. Son créditos con un gran control de los organismos multilaterales”, señaló Flores.
Sobre el tema, el economista, Germán Molina, remarcó que si bien en principio el uso de los millones que obtiene el país de los acreedores internacionales tienen un fin determinado, muchas veces el Ejecutivo no informa de manera transparente si esos recursos son utilizados de forma adecuada.
Molina insistió en que el pedir ser transparente no significa que se rechace los préstamos del exterior que a su criterio son siempre necesarios para mejorar la infraestructura del país, los servicios básicos y la generación de alternativas alimentarias.
El analista económico, Jaime Dunn, precisó que los recursos que obtiene el país es positivo, pero que la clave es que ese dinero se use para lo que fue entregado.
Dunn remarcó que es fundamental que el Gobierno obtenga divisas del exterior ya que de alguna manera estas fortalecen a la Reservas Internacionales Netas (RIN), pero también insistió que es fundamental que hay un control de estos recursos que luego se deben devolver.
Deuda pública
Según datos oficiales, entre 2008 y 2021 el endeudamiento externo se incrementó en 407%, al pasar de $us 2.505 millones a 12.697,6 millones, un valor que se reportó luego de que el Banco Central de Bolivia (BCB) excluyera de la contabilización las asignaciones y depósitos efectuados a cuentas del ente emisor por parte de organismos financieros internacionales.
Mientras que, para esta gestión el Gobierno prevé que en este año el endeudamiento público crecerá en unos $us 3.621 millones.
Esto se determinó en el Programa Fiscal Financiero (PFF) 2023 acordado entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el BCB en el que se determinó como objetivos que hasta fines de esta gestión el financiamiento externo neto crezca en $us 2.347 millones y el financiamiento interno en $us 1.023 millones.
Molina puntualizó que esta apuesta que realiza el Ejecutivo por un incremento en la deuda pública es un reflejo de la precariedad de la economía y la necesidad urgente de contar con recursos que apuntales las RIN y que generen fortalece a la moneda nacional. Es decir que se cuente con un buen respaldo de dólares para generar certidumbre entre los agentes económicos.
“Es vital que el Gobierno use de manera responsables los créditos que va obtener. Debe primar un objetivo técnico y no político”, dijo Molina.
