La aerolínea esperará hasta el 15 de agosto para definir el futuro de sus operaciones. Aún no está claro cómo se cubrirá su cuota de mercado. El ministro Montaño informó que esa empresa reportó una deuda total de $us 56 millones.
El Gobierno informó que no es posible cumplir con la restitución de matrículas de los cuatro aviones alquilados de Amaszonas debido a razones técnicas y a que esa empresa ya no cuenta con un contrato vigente con el arrendador. La aerolínea sostiene que solo una corte internacional puede definir si el acuerdo contractual terminó, mientras espera la audiencia del 15 de agosto para definir el futuro de sus operaciones.
Según información de la DGAC, el 23 de junio pasado, la compañía irlandesa GY Aviation Lease 1816 Co. Limited comunicó formalmente al Gobierno boliviano que rescindió el contrato con Amaszonas por el arrendamiento de cuatro aeronaves, debido a que la línea aérea incumplió el pago de una deuda acumulada de $us 17 millones, monto que la empresa boliviana indica que es menor, de unos $us 11 millones. Esta comunicación fue acompañada de una exigencia de desmatriculación de los cuatro aviones, es decir, de toda la flotilla de Amaszonas.
El 1 de agosto, a DGAC notificó a la aerolínea privada que tenía cinco días a partir de esa fecha para que pueda tomar “los recaudos pertinentes” que le permitan dar continuidad a su servicio de transporte aéreo de pasajeros, luego de lo cual no podría operar con ninguna de las aeronaves CP-3135, CP-3142, CP-3145 y CP-3171, de propiedad de GY Aviation Lease.
“Ya existe la ruptura del contrato lo cual invoca que la matrícula asignada deba ser suprimida”, subrayó el director ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Iván García.
“Hay una regulación administrativa que dice que cuando ocurre una de estas situaciones se tiene que cancelar las matrículas. Me imagino que esa cancelación debe tener como respaldo la rescisión de los contratos, no pueden cancelarlas a simple petición de los interesados”, afirmó Jorge Valle, abogado especialista en derecho aeronáutico.
El 8 de agosto, se suspendieron los vuelos de Amaszonas con esos cuatro aviones, por lo que la empresa presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional Tercera de La Paz, instancia que, dispuso la suspensión temporal de las medidas estatales ejecutadas contra Amaszonas hasta que se dirima el requerimiento de garantías constitucionales, proceso que se iniciará con una primera audiencia el 15 de agosto.
García arguyó dificultades técnicas para dar cumplimiento a la decisión de la Sala Constitucional.
La concesión o reposición temporal de las matrículas requiere del cumplimiento de requisitos, como el informe de elegibilidad y el certificado de aeronavegabilidad, así como la verificación de otros datos técnicos y operativos. “Todos ellos están basados principalmente en la existencia de un contrato de arrendamiento”, en este caso con GY Aviation Lease. Al haber sido rescindido unilateralmente, “ese contrato ya no existe”, dijo el director de la DGAC.
“En muchos de estos convenios se indica que, si uno incumple alguna de las cláusulas, el otro puede libremente rescindir el contrato, sin mayores trámites. Si hay rescisión de contrato, ya no hay contrato y no hay cláusula posible de aplicar. Cuando hay diferencias puede aplicarse la cláusula de arbitraje (con un contrato vigente), pero ahí la empresa interesada, Amas, es la que tendría que haber gestionado esas diferencias en su momento s, si las había”, consideró Valle.
Al respecto, el gerente general de Amaszonas, Dardo Gómez, subrayó que un tribunal internacional definirá “cuánto se debe y si ese contrato se acaba”. “Es lo que se acordó en 2019”, indicó.
Gómez informó también que recibió ayer una carta de la DGAC notificándole que “no se va a hacer caso” a lo dispuesto por la Sala Constitucional”, aunque “sí aceptarán lo que disponga” posteriormente esa instancia judicial.
Otro obstáculo técnico para la reposición de matrículas es la falta de una póliza de seguros para pasajeros y tripulación, dijo el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño. “Eso imposibilita el cumplimiento de este amparo constitucional, no vamos a arriesgar la vida de ningún boliviano por la decisión de un juez”, indicó a DTV.
Gómez rechazó ese extremo. “El seguro está vigente hasta el 22 de marzo de 2024”, aclaró.
Plazos y procesos
El ministro consideró también que Amaszonas ha tenido el tiempo suficiente” para dar solución a su controversia ya que el arrendador informó que viene reclamando su deuda “hace dos años”.
Gómez, a su vez, observó la contradicción en el Ejecutivo, ya que mientras la DGAC indica que aceptará lo que disponga la Sala Constitucional, el ministro de Obras Públicas anunció que “va a procesar al juez que va a dirimir este tema de garantías constitucionales”, porque supuestamente emitió la disposición una hora después de haber recibido la solicitud.. “Ingresamos el amparo el 4 de agosto y el 8 de agosto se dio el auto de admisión”, precisó.
Esta advertencia, agregó, puede condicionar la decisión judicial. “Ya están persuadiendo al poder judicial independiente desde el poder político”, sostuvo.
Respecto a las obligaciones de la empresa, el gerente general de Amaszonas indicó que la línea aérea tiene una deuda acumulada de 10 años y que la actual gestión asumió la dirección de la empresa hace dos años. “Deuda millonaria la tenemos todas las aerolíneas, incluida la estatal, con todos los entes. Nosotros no estamos dejando de pagar (…). Tenemos deuda con Naabol y con Impuestos, estamos pagando, hay un plan de pagos vigente, como todos”, aseveró.
Montaño reveló que “Amaszonas se declaró financieramente insolvente en Brasil” y que reportó una deuda total de “$us 56 millones”, monto en el que se incluye los $us 17 millones al arrendador y obligaciones con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), con la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), y con la Aduana Nacional (ANB). “Estamos hablando ante un mal manejo financiero en esta empresa”, dijo.
Según datos a 2021 de la DGAC, el 77,8% del transporte nacional de pasajeros está en manos de BoA, el 14,9% en las de Amaszonas y el 7,1% en las de Ecojet. En el transporte internacional, BoA tiene una participación del 49% y Amaszonas del 3,57%.
Los destinos a los que llega la línea aérea privada son La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Iquique (Chile) y Asunción (Paraguay). En 2021, su participación en rutas nacionales significó el transporte de 569.123 pasajeros, un 51% más que en 2020; mientras que su presencia en rutas internacional representó un movimiento de 10.539 pasajeros, un 30,57% menos que en 2020.
La línea aérea privada calcula un daño económico de unos $us 250.000 por día sin operaciones.
El Gobierno sostiene que la empresa puede buscar otras formas de continuar sus operaciones, ya que su certificado de operador aéreo sigue vigente hasta 2024 y el permiso de operación hasta 2027.
El director de la DGAC indicó que “existen alternativas” para que Amaszonas pueda seguir operando. Entre ellas está la posibilidad de “combinar” sus operaciones con otras empresas del sector como Ecojet y la Empresa Pública de Transporte Aéreo Militar. “Es una posibilidad”, dijo.
“Vamos a esperar que es lo que pasa el 15 de agosto”, pero la empresa está en su derecho de “operar esas cuatro aeronaves”, subrayó Gómez.
El ejecutivo emitió esta declaración luego de que periodistas le consultarán si alquilarán otros aviones, ya que las autoridades aeronáuticas indicaron que esa aerolínea tendría 90 día para conseguir un avión, propio o alquilado, antes de perder los permisos que aún posee.
“No es como acudir a una autoventa y alquilarse un auto, es un proceso que lleva tiempo”, el cual incluye el contacto con el arrendatario, el traslado de la aeronave a Bolivia, la realización de inspecciones y la obtención de certificaciones, entre otros, indicó el gerente de Amaszonas.
El ministro de Obras Públicas, por su lado, admitió que “no” es suficiente que la estatal Boliviana de Aviación (BoA) atienda por si sola el servicio de transporte aéreo nacional, por lo que continúan abiertas “todas las posibilidades administrativas y técnicas para que cualquier operador” inicie su trabajo en el país.
Sin embargo, recordó que tras la notificación del arrendador GY Aviation Lease, el 23 de junio, el ministerio dispuso que BoA “esté preparada para transportar los pasajeros de Amaszonas”. “No solamente ellos, si no los otros transportadores aéreos”, acotó.
Mercado
“Lo triste es que es una línea aérea más que puede dejar de operar y que podría salir del mercado en un país como el nuestro, mediterráneo, que necesita de operaciones y de opciones”, expresó Valle. “Pierde tanto el usuario como el país. El usuario ya no tiene las opciones que tenía antes y hay un desprestigio para el país. Muy difícilmente va a venir cualquier otro inversionista a intentar hacer una operación de esta naturaleza en Bolivia”, manifestó.
Gómez consideró que este tema pasó “a un ámbito político”.
Desde el inicio de la gestión de Luis Arce, autoridades de gobierno han vinculado a Amaszonas con el gobierno de transición. En 2020, “fue la única línea aérea que se benefició con las rutas principales, además de algunos tratos especiales que el gobierno golpista le otorgó”, dijo el mismo Montaño en agosto de 2021.
Fuente: El Deber
