La importación ilegal de ropa usada en Bolivia y su posible legalización han puesto en emergencia a los pequeños y microempresarios, pues su regulación podría causar el cierre de 600 mil unidades productivas del país, indicó Néstor Conde, presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype).
En mayo, los comerciantes de ropa usada dieron un plazo para que el Gobierno legalice su venta y anunciaron medidas si esto se rechazaba.
Conde indicó que, ya en 2022, más de 50 mil microempresas cerraron por el ingreso de artículos de contrabando.
Explicó que los más afectados son el rubro textil, maderas, muebles, orfebres, marroquinería y otros. Esto se debe a que actualmente no sólo ingresa ropa usada de contrabando sino también muebles, bisutería, menaje de cocina, cosméticos, carteras, mochilas, electrodomésticos y otros.
“Legalizar el ingreso de estos productos pone en riesgo 600 mil unidades productivas, más que todo las que producen textil, y no hay políticas para salvarlas”, dijo.
Debido al ingreso de varios productos de contrabando y la competencia desleal, casi el 70 por ciento de las microempresas son informales. “No hay trabajo todo el año, sólo trabajamos unos meses y descansamos. Cuando las unidades productivas sacan su NIT, se cierran a los dos o tres meses, no pueden competir con el contrabando y seguir en la formalidad”, explicó Conde.
El sector está en emergencia y realizará un congreso nacional para tomar decisiones.
Conde espera que el Gobierno no actúe al calor político y legalice el contrabando para ganar adeptos. “Si eso pasa, se van a cerrar las microempresas y van a preferir traer ropa usada y despedir a su gente”, dijo.
El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Luis Laredo, indicó que legalizar el contrabando dejará a miles de personas sin empleo, pero además provocará un aumento del empleo informal.
“Quieren legalizar lo ilegal. Si aumenta la informalidad, el empleo también será informal; lo importante es que el empleo sea formal, debemos trabajar bastante para legalizar la economía de nuestro país”, dijo Laredo.
La importación ilegal de prendería usada en Bolivia creció en 60 por ciento en siete años. En 2015, entraron al país 63 mil toneladas y, en 2022, esa cifra creció a 156 mil toneladas, según la FEPC.
Por su parte, el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, informó la pasada semana que se identificaron 27 rutas a nivel nacional utilizadas por los contrabandistas, las cuales serán controladas.
Advirtió que se tomarán acciones más drásticas para evitar la fuga de combustibles, alimentos y otros productos subvencionados.
Fuente: Los Tiempos
