Se trata de las disposiciones sexta y séptima, que fueron observadas por los asambleístas. “Ya no tiene excusas para no viabilizar el proyecto que está generando un bloqueo económico”, dijo el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
A una semana de denunciar “un sabotaje económico” y de señalar que existe un pacto para perjudicar la gestión del presidente Luis Arce Catacora, desde la Asamblea Legislativa, el Gobierno bajó el tono y decidió ceder quitando dos disposiciones del proyecto de Ley del Presupuesto Reformulado PGE-2023 que fue rechazada por senadores y diputados del congreso.
La mañana de este martes, algo más tranquilo el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, anunció en una conferencia de prensa que su despacho remitió una nota para que la Asamblea Legislativa pueda quitar los dos polémicos artículos.
Se trata de las disposiciones sexta y séptima. Según los legisladores con estos párrafos se pretende modificar el polémico artículo 393 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, de 21 de agosto de 2013, sobre los requerimientos de información y control de grupos financieros vía ASFI y los famosos “sujetos obligados” del paquetazo de leyes. Y esto no tiene nada que ver con una ley presupuestaria.
Sin embargo, según Montenegro, la primera dispocisión permitía a la ASFI requerir información sobre control de grupos financieros, mientras que la segunda liberaba de responsabilidad al funcionario de la banca o cooperativa financiera que reporte operaciones sospechosas.
“El Ministerio está llevando una nota para que se retiren dos artículos controversiales, el 6 y el 7. Lo estamos haciendo con el objetivo de viabilizar la aprobación del Presupuesto General del Estado”, dijo Montenegro.
Agregó que esas medidas de lucha contra las ganancias ilícitas “han puesto nerviosos a muchos”, pero espera que con el retiro de esos artículos no haya excusas para aprobar el presupuesto reformulado.
Algo más calmado con relación a la anterior semana sostuvo que por la negativa de aprobar esta asignación “varias alcaldías, universidades y gobernaciones están dejando de pagar sus obligaciones, como el desayuno escolar, las gestiones de salud, pagos en educación y planillas de sueldos”.
En total, según la autoridad ministerial, estas entidades subnacionales han dejado de recibir más de Bs 1.200 millones, que incluso, a decir de Montenegro pueden ser usados para aplacar los problemas generados por las quemas.
La anterior semana, la misma autoridad lanzó duros cuestionamientos contra los asambleístas disidentes del MAS y opositores que, según él, rechazaron el presupuesto a raíz de un pacto entre los principales líderes contrarios al Gobierno de Arce, como Evo Morales, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho.
“Así de concreto. El pacto que se ha firmado para tomar la dirección del Senado hoy se plasma de manera pragmática con el sabotaje que se ha hecho por la megacoalición opositora Evo-Camacho- Mesa. Entonces, queda claro para nosotros, como Gobierno nacional, que se ha realizado un atentado contra la economía nacional, popular a la regional, de los municipios, gobernaciones y universidades”, sostuvo Montenegro.
Fuente: El Deber
