Luego de que los productores del Norte Integrado denunciaran que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) acopia maíz transgénico, el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor informó que realizará una investigación sobre el tema. Esa cartera de Estado dijo que este tipo de granos están prohibidos en el país.
Ayer, jueves los agricultores de esa región bloquearon la carretera que une Montero con el municipio de San Pedro, a la altura de los silos de Emapa, ubicado en esa localidad. La medida se tomó después de analizar el maíz que llegaba hasta las instalaciones de la estatal y verificar, mediante un test, de que se trata de un producto genéticamente modificado.
Los productores se mostraron molestos porque por años vienen pidiendo al Gobierno autorizar el uso de biotecnología para aumentar su rendimiento y enfrentar a las plagas que merman la producción del grano ,pero desde el nivel central siempre se negaron a autorizar este tipo de herramientas al considerar que no son aptas para el consumo humano y atentan contra el ecosistema.
El grano fue traído desde la localidad de Yacuiba, según el testimonio de los choferes que transportaban el producto a Radio Audio Bosco de San Pedro. Según el relato de los transportistas, el maíz fue recogido de los predios de una familia de apellido Rodríguez y de una colonia menonita.
Yacuiba es una zona fronteriza con la república de Argentina, país donde se puede usar semillas genéticamente modificadas.
Eliazer Arellano, presidente de la Asociación de Productores Grupo Norte, cuestionó que el Gobierno no mida con la misma vara a todos al no controlar la producción en Yacuiba. Incluso dijo que los agricultores cruceños son amenazados con procesos y reversión de sus tierras, si usan estas semillas.
Producir una hectárea (ha) de maíz con material híbrido le cuesta al productor $us 122 la hectárea, pero si se usa transgénico los costos bajan a $us 40 o 50 por ha con una producción de 6 toneladas.
El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, informó que se realizará una investigación para determinar si la denuncia realizada es real o no.
Es más, recordó que de acuerdo a la Constitución Política del Estado está prohibida la importación y producción de granos con material genéticamente modificado.
Advirtió que si algún funcionario de Emapa dio vía libre para recibir este producto en los silos de la compañía estatal será procesado por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
La parlamentaria y productora, Deisy Choque, que trató de mediar en el conflicto para que los agricultores levanten el bloqueo en esta vía caminera.
Ella lamentó la medida de presión, pero dijo entender al sector que por años pide el uso de estas herramientas tecnológicas. Sostuvo que existen normas en el país que ponen freno su uso y que la misma Constitución establece la conformación de un comité de bioseguridad para analizar este tema, que a decir de la parlamentaria debe instalarse con urgencia.
En calidad de diputada nacional dijo que pedirá un informe al director nacional de Emapa sobre la denuncia de los agricultores y sostuvo que es necesario que se verifique técnicamente si el grano acopiado es transgénico.
“Toda mi familia es productora, yo también. Lastimosamente hay normas, pero lo que no pueden hacer es prohibirnos el transgénico y recibir transgénicos. No puede ser que a nuestros productores se les prohíba y se haga todo lo contrario”, dijo Choque.
Hasta anoche el bloqueo seguía en el ingreso y salida de Emapa. Además, se sumaron varios sectores que mediante un voto resolutivo pidieron la presencia del director nacional de Emapa y el ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Aseguraron que el bloqueo continuará.
Fuente: El Deber