Empresarios, el comercio, industriales y microempresarios observan la lentitud y demora en la reglamentación y problemas de financiamiento en las medidas de reactivación económica lanzadas desde abril por el Gobierno.
Gustavo Jáuregui, gerente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), señaló que la reacción de parte del Gobierno fue tardía y las medidas poco efectivas en su aplicación.
“Lamentamos ver que hay poca coordinación entre los órganos del Estado y las medidas desordenadas están generando mayor incertidumbre en los actores económicos. Los procesos de elaboración de reglamentaciones son muy pesados y no responden a la situación de emergencia”, precisó.
Ya en el mes de abril de este año la CNC envió a la presidencia una propuesta del sector empresarial nacional denominada “Una mirada más allá de la emergencia”, la cual establecía la necesidad de implementar medidas económicas inmediatas y de mediano y largo plazo.
Hace pocos días, la Cámara propuso que a partir del Órgano Ejecutivo y en coordinación con el Órgano Legislativo, se trabaje en implementar “La Ley Nacional de Pausa Regulatoria e Impulso a la Inversión”, que permita flexibilizar las regulaciones en los ámbitos laboral, tributario, financiero y sectorial durante la emergencia sanitaria en el país.
Pero mientras no exista coordinación entre los diferentes órganos del Estado y no se trabaje con las organizaciones representativas de la sociedad civil, no se podrá reactivar la economía, dijo.
Luis Barbery, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), indicó que en general las medidas salieron gradualmente y con problemas de implementación, especialmente a nivel operativo y de financiamiento. “Creemos que la decisiones económicas del Gobierno pudieron ser integrales, con alto impacto en expectativas, generando confianza en los consumidores e inversionistas. Eso no sucedió y, al contrario, los problemas centrales de financiamiento y recursos externos mermaron la credibilidad del componente central de recursos frescos ausentes”, precisó.
Según Barbery, por el lado de la demanda, el Gobierno apoyó los ingresos de las personas mediante bonos y transferencias, desde el mes de abril. Estas medidas ayudaron a sostener el ingreso familiar truncado por la cuarentena, pero también apoyaron con liquidez que -de alguna manera- generó dinámica en el consumo, destacó.
Para apoyar la oferta, se impulsó el diferimiento de impuestos, deudas, que han tenido un impacto inmediato.
“Una medida que fue relevante pero insuficiente fue el financiamiento de la planilla de trabajadores. Inicialmente proyectada en 2.000 millones de bolivianos, quedó trunca con una asignación de 900 millones. La medida fue positiva en tanto apoyó al empleo, pero es crédito, en contraste con subvenciones a la nómina que se dieron en otras economías vecinas”, indicó.
Según Barbery, una parte sustancial de las medidas no se implementaron por la falta de financiamiento, debido a la no aprobación de créditos en el Órgano Legislativo.
Ibo Blazicevic, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, señaló que para el sector una medida importante es el Fondo de Reactivación Post Covid (FORE), pero aún no funciona.
“Esto nos iba a permitir reprogramar los créditos que están por vencer o están en mora. Creo que faltan los recursos, el Estado debe poner fondo de garantía con un 50% para que las instituciones bancarias reprogramen las deudas”, manifestó.
Este fondo es de 12.000 millones de bolivianos y fue creado junto a otros tres, el Fondo de Garantía Sectorial (Fogasec), el Fondo de Afianzamiento de MyPes (FA-BDP) y el Fondo de Garantía para Vivienda Social.
El Gobierno aprobó créditos por 1.500 millones de bolivianos para las micro y pequeñas empresas y un Plan de Apoyo al Empleo de 2.000 millones de bolivianos.
En el primer caso los créditos tenían una tasa de 11,5% y en el segundo, que es para pagar sueldos, 3,73% .
En junio se anunció el Plan de Reactivación Nacional del Empleo con la creación de cuatro fondos:
el FORE para reprogramar créditos, el Fogasep para garantizar créditos, el FA-BDP para dar crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas y que tendrá recursos de hasta 120 millones de bolivianos y el Fogaviss para financiar viviendas sociales con tasa de interés de 3% y que maneja 500 millones de bolivianos.
Por otra parte, se aprobaron diferimientos en el pago de impuestos, subvención en el pago de servicios básicos, creación de bonos sociales para apoyar a las familias en la cuarentena.
En abril, el Gobierno aprobó un programa de 1.500 millones de bolivianos para apoyar a las micro y pequeñas empresas, pero recién en agosto el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) comenzó a atender los requerimientos de las entidades.
El 24 de abril el Ministerio de Economía autorizó al BDP la suscripción de contratos con las entidades de microfinanzas e Instituciones Financieras de Desarrollo para canalizar los recursos pero demoró el desembolso.
Néstor Castro, gerente general de la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural), informó que se está comenzando a atender los requerimientos de las entidades desde el BDP para canalizar los créditos, aunque no de manera ágil como se esperaría.
Explicó que parte de esos recursos deben servir para refinanciar a los clientes más afectados por la pandemia y dar nuevos créditos a los que necesitan esos recursos.
“Cuando se desembolsen habrá un impacto, pero los recursos son insuficientes para la cantidad de clientes que necesitan financiamiento”, precisó.
Néstor Conde, presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), informó que el sector no recibió un centavo de esos recursos y lo único que está a disposición es el crédito 1, 2, 3.
Sin embargo, el plazo de dos años para pagar el crédito es muy corto y no se incluyen periodos de gracia.
Lo único que ayuda al sector es el diferimiento de créditos hasta diciembre y la reprogramación de deudas que se tendrá que negociar con los bancos, añadió.
Página Siete
