La ASFI pidió al Ministerio Público investigar, a través de la Unidad de Investigaciones Financieras, si hubo legitimización de ganancias ilícitas en los préstamos con overlimit. Uno de los fiscales del caso ve “un descontrol en la fiscalización” del banco.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) amplió la denuncia penal que involucra a cuatro altos cargos de Fassil, por uso indebido de influencias para la otorgación de crédito, contra otros 11 ejecutivos del banco que otorgaron préstamos por Bs 58,6 millones a ocho personas que no tenían el respaldo económico suficiente para devolver ese dinero.
En un escrito presentado a la Fiscalía Especializada en la Persecución de Delitos Patrimoniales, la reguladora detalla en 194 páginas la relación de hechos de su denuncia y presenta documentos que muestran cómo 11 funcionarios de la entidad financiera, entre ellos directores, gerentes, sugerentes, gestores y asistentes corporativos, autorizaron entre 2019 y 2023 irregulares sobregiros eventuales (overlimit) para tarjetas de crédito.
La ASFI consideró que el “accionar delictivo” de estos 11 dependientes del banco estaba “destinado a favorecer indebidamente a los prestatarios” con la otorgación del overlimit, “sin que los prestatarios cuenten con flujos suficientes para el pago de dichos sobregiros ni con el patrimonio suficiente para cubrir la deuda contraída y sin demostrar un objetivo comercial o productivo suficiente para justificar el financiamiento recibido”.
Según el detalle, R. O. E. C. tenía una tarjeta de crédito con un límite de Bs 35.000, pero recibió nueve créditos por un total de Bs 14,84 millones; el límite crediticio de S. R. A. era de Bs 2.100 y recibió un préstamo de Bs 550.000; y el límite de M. C. B. S. A. era de Bs 35.000 y recibió dos desembolsos que suman Bs 14,71 millones.
El límite de J. V. E. C., asimismo, era de Bs 35.000 y recibió 11 créditos por valor conjunto de Bs 17,59 millones; el límite de J. Y. B. N. era de Bs 21.000 y recibió un crédito de Bs 3,48 millones; el límite de J. L P. era de Bs 21.000 y se benefició de un préstamo de Bs 4,22 millones; el límite de W. A. Z. A era de Bs 35.040 y le desembolsaron dos créditos por Bs 1,1 millones; mientras el límite crediticio de G. S. R. era de Bs 35.000, pero le desembolsaron cuatro créditos por un total de Bs 2,06 millones.
Todos los créditos en total suman Bs 58,61 millones.
La denuncia penal presentada por ASFI al Ministerio Público por la comisión del delito financiero de uso indebido de influencias para la otorgación de crédito incluye originalmente a cuatro altos ejecutivos de Fassil, por el desembolso de más de Bs 9 millones a una joven de 18 años (M. N. B. S. A.) que contaba con una capacidad de pago de solo Bs 60.700.
Estos ejecutivos, en muchos casos, firman también este segundo grupo de créditos con overlimit observados por la reguladora.
En la ampliación de su denuncia, la ASFI solicitó a la Fiscalía se emita requerimientos a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), para efectuar una investigación sobre los movimientos bancarios de los beneficiarios con los overlimit; y a los servicios Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec) y de Impuestos Nacionales, para que informen si la empresa Equipeser Ltda. y la constructora Lorblanc SRL. tienen registros vigentes y número de identificación tributaria (NIT), vigente, según corresponda.
El fiscal Róger Mariaca informó que ya hay dos casos relacionados con el Banco Fassil. El primero fue presentado por la ASFI y el segundo por “personas naturales, por estafa agravada y legitimización de ganancias ilícitas”.
Esta segunda denuncia fue presentada por los ejecutivos de Manzana 40 Plaza Empresarial S.R.L. contra el presidente de Fassil, quien representaba legalmente a Financial Group S.A. y usó presuntamente esa empresa para desviar más de $us 13 millones de la entidad financiera.
“Dentro del hecho de legitimización de ganancias ilícitas, se ha realizado en Derechos Reales ya la anotación preventiva de más de 73 inmuebles”, dijo Mariaca.
La investigación e intervención del cuarto banco más grande del país fue destacada por autoridades de Gobierno y legisladores del oficialismo, por las acciones oportunas y completas de la ASFI, en tanto que opositores y analistas cuestionan el papel que desempeñaron las instituciones reguladoras del sector financiero, más aún cuando casos como los overlimit vienen desde al menos 2019.
“Comunidad Ciudadana va a proponer y va a solicitar de manera oficial al presidente nato de la Asamblea Legislativa (David Choquehuanca) que se conforme de manera urgente una comisión mixta para que investigue qué es lo que ha sucedido con el Banco Fassil, quiénes son los responsables directos, quiénes son responsables indirectos, quiénes se han beneficiado de estas operaciones fraudulentas”, anunció a la prensa el diputado Enrique Urquidi.
Germán Molina, miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, recordó que las actividades financieras tienen al menos dos tipos de controles. El primero es realizado en la misma entidad, por el directorio y la junta de accionistas, que evalúan temas como la concesión de determinados créditos. El segundo está a cargo de la ASFI, que hace un seguimiento minucioso a bancos, cooperativas y otros a través de un seguimiento en línea e informes obligatorios de cartera, depósitos y demás variables.
“Eso les permite conocer con anticipación cuál es la situación” de cualquier banco. Por eso, “es importante que se aclare a ese nivel cómo ha actuado la ASFI, los directivos y la junta de accionistas” de Fassil, remarcó.
Urquidi, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, consideró que existen múltiples responsables en la intervención y cierre de Fassil y lamentó que la ASFI y la UIF se hayan hecho “los de la vista gorda”, ya que no realizaron los monitoreos ni la fiscalización correspondiente a un banco de tal magnitud, pese a las irregularidades en sus transacciones bancarias y denuncias de sus usuarios.
Uno de los fiscales que investiga el caso Fassil, Julio Porras, reconoció que “hay un descontrol en el aspecto de la fiscalización”. “Ese es otro tema que también va a ser analizado, por supuesto”, como parte de la investigación, informó Porras a Radio Erbol.
“No se trata solo de una mala administración de los directivos. Aquí, en el Banco Fassil, estamos viendo la punta del iceberg, estamos viendo que peligrosamente y, para preocupación de muchísimos bolivianos, casi mil millones de dólares de las jubilaciones han ido a parar a ese banco por transacciones entre las AFP y esta institución financiera…sin ningún tipo de garantías”, sostuvo Urquidi.
Para el legislador de Comunidad Ciudadana, “personas muy conectadas o vinculadas al Movimiento al Socialismo están involucradas de manera indirecta a estas operaciones fraudulentas”.
Fassil inició sus actividades en 1996 como fondo financiero privado y se convirtió en banco múltiple en 2014. Hasta octubre de 2022, contaba con 684 puntos de atención en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Potosí y Oruro.
Su intervención se confirmó el 26 de abril pasado, a través de la Resolución 539/2023, que determinó la suspensión total de las operaciones de Fassil por 30 días calendario, periodo que puede ser prorrogado por una sola vez, hasta que la ASFI “revoque la licencia de funcionamiento” del banco.
Urquidi recordó que no es la primera vez que la oposición solicita la conformación de una comisión mixta, por lo que espera que haya voluntad política del MAS para investigar este caso. “Ya nos ha sucedido, propusimos comisión para los ítems fantasmas, el MAS no quiso porque ahí había mucha gente de ese partido involucrada”, afirmó el legislador.
La mención de posibles vínculos políticos del banco no solo viene de legisladores de oposición y de analistas, sino también de las propias filas del partido gobernante.
El domingo pasado, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, reveló que de $us 1.274 millones que invirtieron las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en depósitos a plazo fijo y bonos de Fassil, al menos $us 90 millones fueron colocados en ese banco “cuando ya había noticias de que este banco estaba pasando un proceso muy complicado”.
“Habrá que evaluar si las AFP hacían una evaluación rigurosa a la hora de invertir o había tal vez algún otro elemento. No quisiera pensar que sea simplemente un respaldo hasta de tipo político”, aseveró.
Fuente: El Deber
