El bufete de abogados Guglielmino Derecho Internacional, que representó a Bolivia en el arbitraje perdido contra el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), es el mismo que está a cargo del caso en la demanda interpuesta por Zúrich, accionista de la AFP Futuro de Bolivia.
Los legisladores de oposición temen una segunda derrota con la entidad europea porque los argumentos son los mismos que planteó la financiera española. Ambos arbitrajes son producto del proceso de nacionalización impulsado en 2006.
“Los que están más contentos con el fallo son los de AFP Futuro. Hasta donde tengo entendido, los motivos del arbitraje son similares. El bufete de abogados que nos representa es el mismo que litigó con BBVA”, afirmó el diputado Marcelo Pedraza, de la opositora Comunidad Ciudadana.
Según la página oficial de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), el 17 de junio de 2020, Zúrich Insurance Company Ltd & Zúrich South America Invest AB iniciaron procedimientos de arbitraje contra Bolivia de conformidad con el Artículo 9 del Acuerdo entre la Confederación Suiza y el país sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado el 6 de noviembre de 1987 y entró en vigor el 17 de mayo de 1991.
El caso entre está pendiente de fallo y tiene como árbitros a Hugo Perezcano Díaz, David Cairns y Muthucumaraswamy Sornarajah.
Además, identifica como representantes de los demandados a Wilfredo Franz Chávez Serrano, seguido de Patricia Guzmán Meneses, Juan Álvaro Raznatovic Cruz y Claudia Valda, de la Procuraduría General del Estado.
Y Guglielmino Derecho Internacional como el bufete de abogados conformado por Osvaldo Guglielmino, Guillermo Moro, María de la Colina y Alejandro Vulejser.
Recientemente, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) falló en contra de Bolivia por la nacionalización del sistema de pensiones BBVA Previsión y estableció una indemnización de $us 105 millones.
Aunque ya se advirtió que no es posible una apelación, el Gobierno insiste que el fallo es parcial, toda vez que hay recursos de impugnación que hará conocer la Procuraduría.
“Los $us 105 millones que ha fallado el Ciadi no ha causado daño económico al Estado, todavía. La Procuraduría está asumiendo todas las medidas procesales, además es un fallo parcial porque no está concluido, aún hay recursos de impugnación que se pueden plantear a un tribunal de esta naturaleza y, de esa manera generar certidumbre a la población”, sustentó el senador Rubén Gutiérrez, del oficialista MAS.
Cuánto pagan a Guglielmino
Guglielmino Derecho International (GDI) es una firma de abogados dedicada a la práctica del derecho internacional. Sin embargo, pese a las peticiones de informe desde el Legislativo para conocer cuánto se paga a los bufetes y abogados que defienden al Estado solo es posible conocer los contratos cuando fenezcan las cláusulas de confidencialidad.
Los contratos y dineros erogados a los juristas defensores son confidenciales, de acuerdo al Decreto Supremo (DS) 4447 del 23 de enero de 2021.
El artículo sostiene que “se establece la confidencialidad de la información generada en las contrataciones realizadas por la naturaleza estratégica de la defensa legal de los intereses del Estado”.
Una vez realizadas las contrataciones directas en el marco del DS, la Procuraduría tiene la obligación de remitir los contratos firmados a la Contraloría, que deberá registrar las contrataciones directas en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), una vez finalizado el periodo de confidencialidad establecido en el contrato.
Fuga de inversión extranjera
El economista Gonzalo Chávez enlista tres consecuencias de los fallos perdidos. La primera, está relacionada por la debilidad institucional que demuestra la incapacidad del Estado para defenderse. La segunda, los problemas con la inversión extranjera directa y la incertidumbre en la estabilidad económica.
“Los tres factores hacen que la tasa de riesgo país aumente. Hay muchas empresas que hacen una catalogación del índice de competitividad y muestran indicadores sobre la institucionalidad, arbitrajes, problemas con la inversión extranjera. Respecto a los arbitrajes perdidos, esto hace que nos bajen de categoría porque lo primero que hace un inversor extranjero es consultar estos índices y busca saber en qué posición estamos con relación a otros países y la falta de seguridad jurídica para invertir”, sostuvo el especialista.
Son 16 los juicios que ha encarado Bolivia por la nacionalización de empresas y que le han costado $us 1.090 millones. La indemnización más alta se pagó a Pan American Energy, a la que se desembolsó $us 357 millones como parte de un acuerdo.
El pago de las indemnizaciones se erogará del Presupuesto General de la Nación y no saldrá del fondo de pensiones, en el caso de las AFP. El Gobierno decidirá si paga con deuda o más impuestos.
Para el exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB) Gabriel Espinoza, el pago de las indemnizaciones implica la salida de divisas del país, caída de las reservas internacionales y se corre el riesgo de que se congelen activos.
“Estas indemnizaciones al no estar presupuestadas exigen una fuente de financiamiento, una de ellas podría ser el endeudamiento y la otra sería reducir el gasto público”, afirmó el especialista.
Con los datos parciales de 2021, la deuda total de Bolivia -externa más interna- superó los $us 26.000 millones, según un reporte de análisis del Presupuesto General del Estado 2022, de la Fundación Jubileo. La deuda externa aumentó constantemente a partir de 2008. De 2007 a julio de 2021, la deuda externa creció en 5,7 veces, según especialistas.
Fuente: El Deber
