Un informe, respaldado por la Fundación Vicente Pazos Kanki, refleja que la mayoría atraviesa por una situación de fragilidad financiera. Gobierno ve sesgo en datos.
Solo ruido, nada de nueces’. Es el título del libro realizado por Julio Linares, cuyo contenido investigativo y análisis de información financiera, concluye que 17 empresas estatales administradas por el Gobierno central (ver infografía), durante las gestiones del ex presidente Evo Morales y del actual jefe de Estado Luis Arce, perdieron más de Bs 4.000 millones (más de $us 570 millones) entre 2007 y 2022.
El Gobierno refuta el estudio, dando cuenta de que en el periodo de análisis las empresas públicas nacionales registraron utilidades que asciende a Bs 49.791millones.
A decir de Linares, la mayoría de las empresas evaluadas pasan por una coyuntura financiera precaria, no son sostenibles en el largo plazo y, más de una, transita un estado de situación de quiebra técnica. “Los indicadores financieros de las empresas analizadas, es decir, la relación entre rendimiento y patrimonio o inversión, encontrando que la mayoría de ellas atraviesa por una situación de fragilidad y no son sostenibles”, afirmó.
Según la investigación respaldada por la Fundación Vicente Pazos Kanki, más del 80% del presupuesto de las empresas analizadas está destinado al extractivismo, es decir, cuantifica la posición predominante de la petrolera YPFB en las finanzas de las empresas estatales.
El resto de las empresas demanda un presupuesto mucho menor, pero, tiene un gasto mucho más alto que YPFB en sueldos y salarios, que en total fueron de casi Bs 17.000 millones en el periodo 2011-2022 (en tanto que los salarios de YPFB sumaron, en ese mismo periodo, Bs 5.800 millones. Para el autor del libro, las empresas estatales son ‘agencias de empleo’.
“Usan la publicidad masiva para mentir, hablan de un ‘gobierno de la industrialización’, cuando solo el 10% del presupuesto de las empresas públicas está destinado a procesos industriales, y casi el 80% sigue en el campo del extractivismo, igual que siempre”, dijo Linares.
Entre 2021 y 2022, según la investigación de Linares, los ingresos operativos de las empresas estatales, sin contar a YPFB, subieron de Bs 8.398 a Bs 11.441 millones. Sin embargo, este progreso se vio sobrecompensado por el aumento de los gastos operativos de Bs 6.669 a Bs 10.001 millones.
“Los ingresos de las compañías públicas sin considerar a YPFB en el periodo 2011-2022 fueron levemente superiores a sus gastos, pero la diferencia a favor es tan pequeña que no les permitió devolver las inversiones que realizó el propietario, es decir, el Estado, en ellas”, anotó Linares.
En 11 años, citó que las empresas estatales analizadas han usado Bs 3.111 millones para amortizar deudas de Bs 35.491 millones. “Poder dilatar indefinidamente el pago de sus deudas es una ventaja con que cuentan las estatales que tiene efectos importantes en la estabilidad económica, por la vía de la disminución de las reservas internacionales, con las cuales se financió a estas empresas”, expresó el autor de la investigación.
Datos que desinforman
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informaron que, con excepción de 2020, las empresas públicas nacionales registraron utilidades continuamente entre 2007 y 2022 alcanzando un acumulado que asciende a Bs 49.791millones. Ven que el estudio no refleja la realidad de las cifras oficiales, infiriendo que refleja datos sesgados que desinforman a la población boliviana.
Desde dicha cartera de Estado, aclararon que, en 2020, la economía boliviana sufrió un declive, producto de una mala gestión económica durante el Gobierno de Jeanine Añez, con la intencionalidad -arguyeron- de retornar al modelo neoliberal, por lo que adoptaron medidas orientadas a la paralización, cierre e intento de privatización de las empresas públicas, medidas que las deterioraron, registrando pérdidas económicas en dicho periodo.
“Se tuvo que implementar un conjunto de medidas, que reactivaron y reconstruyeron la economía boliviana, permitiendo la recuperación de las utilidades de las mismas a partir de 2021, contribuyendo a que el Estado continúe con el rol de redistribuidor de los recursos para el financiamiento de proyectos y políticas sociales”, argumentaron.
Según el Ministerio de Economía, en 2022 se obtuvieron Bs 1.314 millones de utilidades, lo cual demuestra la capacidad que tienen las empresas públicas para generar excedentes que son reinvertidos en el fortalecimiento de las mismas empresas, para cubrir gastos de operación y que son redistribuidos a la población mediante aportes a políticas sociales como el Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad, entre otros programas.
Aclararon que las empresas públicas nacionales captan sus recursos propios, “es así que los ingresos por ventas en 2007 alcanzaron Bs 23.041 millones y en 2022 (Bs52.817 millones), significando un incremento del 129%, lo que permite que cumplan con el pago de los compromisos contraídos por servicio de la deuda, contratos por insumos, entre otros, contribuyendo a fortalecer la actividad productiva del país, generando fuentes de empleo e ingresos para los bolivianos.
“Las empresas públicas son parte fundamental del Modelo Económico Social Comunitario Productivo porque generan excedentes económicos, incluso excluyendo a YPFB, generan utilidades con las cuales contribuyen a la dinamización la economía nacional, fortalecen el aparato productivo a través de la inversión pública y aportan al desarrollo económico y social del país”, afirmaron desde el Ministerio de Economía, al complementar que las empresas públicas tienen un papel esencial para mantener la estabilidad de precios y contribuir a la seguridad alimentaria de Bolivia, debido que a través de ellas se operativiza la subvención a los combustibles y de alimentos, lo que permite que la población pueda acceder a productos con precios justos en el mercado interno.
Despolitización, el desafío
Para el economista Roger Banegas, es un hecho estilizado que la administración privada es mejor que la pública; en términos de gestión de negocios y sostenibilidad en el tiempo. “Sin ánimos de hacer leña del árbol caído, lo pertinente es determinar cuáles son las empresas públicas que son sostenibles en el tiempo y que su administración podría direccionarse como si fuese privada; es decir, con directorios particulares (cuando corresponda), con decisiones independientes del poder político, autónomas en su funcionamiento y financiamiento, y gerentes que sean seleccionados por meritocracia e institucionalización”, dijo.
A su criterio, el desafío mayor es la despolitización de las empresas Públicas. “Aquellas que no son sostenibles en términos económicos o estratégicas deberían cerrarse para evitar continuar generando pérdidas al Estado. Una solución alternativa son las alianzas público- privadas (APP) en la evaluación de las empresas públicas deficitarias (con la participación de los privados)”, aseveró Banegas.
En opinión de Walter Morales, también economista, si bien, podría parecer interesante apoyar la actividad económica y política pública por esta vía, las empresas deben ser competitivas y con resultados contundentes. “No se conocen estudios que validen viabilidades, ni rentabilidades. Se sigue apostando por la fórmula cortoplacista de que solo por inyectar recursos se dinamiza la economía. Es cierto, pero a mediano y largo plazo no se observan favorables efectos. En muchos casos, se están perdiendo oportunidades y manteniendo ineficiencias con financiamiento estatal, lo cual no es sostenible. Estas empresas ya deberían ser capaces de obtener, por sí solas, recursos, principalmente externos, que es lo que más se necesita”, remarcó.
Fuente: El Deber
