Una práctica que en ocho años dejó millonarias pérdidas para los diarios bolivianos ha sido retomada por la Gobernación del departamento de Cochabamba, señala un comunicado de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).
Una ley de emergencia aprobada para la atención de desastres naturales incluye la difusión gratuita de avisos de prevención en medios privados, y la medida representa un retorno al periodo de asfixia financiera que sufrieron los periódicos entre 2010 y 2019, apunta.
El pasado miércoles 26 de febrero, el voto de 14 asambleístas y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) se impuso a la oposición de cuatro representantes y aprobó una Ley Departamental de Declaratoria de Emergencia Departamental que asigna recursos económicos extraordinarios a programas de atención inmediata a municipios en situación de desastre, e incluye los avisos gratuitos.
Con la aprobación de la Ley departamental, remarca la ANP, se retorna a la cuestionada práctica de confiscar espacios en medios privados y con ello se vulnera el artículo 46 de la Constitución que prohíbe todo trabajo forzoso sin justa retribución.
El artículo 4 de la Ley expresa que “todos los medios de comunicación públicos y privados televisivos, radiales e impresos, deben destinar en forma solidaria, gratuita espacios de difusión preventiva y educativa durante y hasta treinta días después de declarada finalizada la emergencia, en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED)”
La Ley que estará vigente solamente en el departamento de Cochabamba, instruye que los canales de televisión cedan espacios diarios de dos minutos, mientras las radioemisoras deben difundir avisos durante cinco minutos por día, y obliga a los diarios a publicar un aviso por día.
Los avisos gratuitos representaron una de las mayores cargas financieras impuestas a los diarios privados independientes entre los años 2010 y 2019, porque además de confiscar los espacios comerciales se excluyó a los periódicos afectados de la publicidad estatal que estuvo destinada a un grupo privilegiado de medios afines al gobierno de Evo Morales.
Tras las denuncias realizadas por la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP-Diarios) en foros internacionales y en medio de una crisis financiera que obligó a la reducción de puestos de trabajo en los periódicos, en julio de 2019 el gobierno de Morales rectificó la política de los avisos gratuitos y promulgó una ley que eliminó la obligatoriedad contenida en 15 leyes.
