Gobierno anuncia acciones legales contra cocaleros y un diputado del MAS procesará a la ASFI por cierre de bancos en el Trópico

Luego de que pobladores de Shinahota expulsaron a policías de manera hostil, el Gobierno calificó como una “humillación” lo ocurrido en esa localidad del Trópico de Cochabamba, y anunció que iniciará acciones contra los responsables de lo que tildó como acto delincuencial.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, manifestó que lo ocurrido fue una vulneración a los derechos de los policías y la Constitución, además de un atentado a la salud por vulnerar el decreto de cuarentena.

“Los señores cocaleros y masistas están buscando muertos, nosotros no les vamos a dar muertos, nosotros estamos cuidando la vida de las personas, están buscando provocar para que les demos muerto.

Eso buscaron siempre. Vamos a hacer que todo el peso de la ley caiga sobre estos delincuentes políticos que solo buscan generar muertos a costa de su población”, dijo Murillo.

El Ministro anunció que habrá acciones legales no sólo contra los responsables de los hechos en Shinahota, sino también contra los dirigentes que alentaron aquello. Indicó que la Policía y el Ministerio se querellarán al respecto. 

“Vamos a tomar las acciones legales necesarias contra estos delincuentes, porque estos no son políticos, no son ciudadanos de bien, son delincuentes primero han arriesgado a su población y han querido flagelar policías y esto obviamente no lo vamos a permitir”, recalcó.

La noche del jueves, un grupo de pobladores se concentró en el módulo policial de Shinahota y, en medio de insultos, obligó por la fuerza a que policías abandonen el lugar caminando, mientras cargaban sus mochilas y eran seguidos por motocicletas.

“Las Fuerzas Armadas están indignadas por la humillación que han sufrido nuestros camaradas de la Policía, debemos decirles que nosotros somos de la cultura de la paz y el diálogo y hoy más que nunca con la pandemia del coronavirus estamos en la defensa absoluta de la vida de cualquier boliviano”, dijo el ministro de Defensa, Luis Fernando López.

El titular de Defensa anunció que, ante esa “actitud beligerante, malintencionada”, el Gobierno responderá preocupándose por la salud de los bolivianos y manteniendo las patrullas.

Murillo ratificó que el Gobierno no irá a la confrontación. Dijo también que no le queda duda de que Evo Morales está detrás de lo sucedido, porque su estrategia fue siempre victimizarse y buscar fallecidos.

“Evo Morales es un hombre que se alimenta con la muerte y se alimenta con la violencia, toda la vida lo ha hecho y lo sigue haciendo (…) Esa es la cultura que tiene ese señor, nosotros somos de la cultura de la vida”, agregó.

También descartó entablar diálogo, sino dejará a la justicia que se encargue de este tema.

DIPUTADO ANUNCIA ACCIONES CONTRA ASFI

El diputado Víctor Borda anunció que se emprenderá un proceso contra la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), por haber instruido el cierre de bancos en el Trópico de Cochabamba.

Después de que pobladores de Shinahota expulsaron por la fuerza a efectivos policiales, la ASFI dispuso el cierre de todas las agencias que atienden en las localidades del Trópico de Cochabamba a partir de este viernes 17 hasta nuevo aviso. 

El diputado Borda consideró “arbitrario”, “abusivo” y una “barbaridad” el instructivo de la ASFI. 

“Vamos a hacer una petición de informe y vamos a remitir al Ministerio Público, lo vamos a procesar por incumplimiento de deberes, porque no solamente está atentando contra la salud de la gente que vive en el Chapare contra la misma vida, esta contra el derecho de subsistir de mucha gente”, manifestó Borda.

Dijo que la seguridad de los bancos está garantizada, porque no conoce ningún hecho de atentado a agencias bancarias en el Chapare.

Consideró que la decisión de la ASFI “es revanchista de alto contenido político”. 

Dijo que se deben investigar los sucesos de Shinahota y, si hubo acciones de incumplir el decreto de cuarentena, pero resaltó que por las acciones de “unas cuantas personas” no se puede castigar a “miles y miles” que necesitan cobrar los bonos.


 

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