El sector empresarial destaca la iniciativa, en tanto que los transportistas de Santa Cruz y Cochabamba piden información para que los controles no los afecten. El comercio de mercadería ilegal sigue vigente.
El Gobierno inició la semana pasada “operaciones de interdicción al contrabando” en buses de transporte público terrestre, para que no lleven mercadería ilegal en pasillos, asientos o buzones. Sin embargo, la oferta de mercadería ilegal se campea en los mercados.
Las empresas sorprendidas contribuyendo a la actividad ilegal pagarán una multa de entre Bs 715 y 14.285, y las reincidentes perderán su licencia de operación. Los transportistas piden mayor información para no ser afectados.
El Ministerio de Obras Publicas y la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes “han establecido sanciones a empresas de transporte interdepartamental terrestre que se encuentren flagrantemente trasportando mercadería de contrabando en lugar de llevar pasajeros”, informó el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, general Daniel Vargas.
“En primera instancia se sancionaría con 300 a 6.000 UFV (entre Bs 715 y 14.285) a los operadores y, como segunda sanción, se quitarían las licencias de funcionamiento”, precisó.
Socialización
Los operativos son liderados por el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando en coordinación con la Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando. La medida fue saludada por los empresarios y tomó por sorpresa al sector del transporte.
“Estamos prestos a colaborar en todo, porque es en beneficio del país, pero de momento no han socializado nada con nosotros”, afirmó Alfredo Saca, dirigente de la Cámara Departamental de Transporte de Cochabamba, “No han socializado esto que están haciendo”, coincidió Luis Áñez, presidente de la Cámara de Transporte de Oriente.
“Congratulamos este tipo de iniciativas que está encabezando el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando no solamente en frontera sino directamente en los vehículos que internan mercadería de contrabando en el país”, expresó Ian Miranda, jefe de Representaciones Empresariales de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Santa Cruz (Cainco).
Áñez informó que su sector se enteró “hace un par de días” de esta decisión y que tuvieron la oportunidad de analizar el anunció en su último congreso.
“No entendemos por qué el Ejercito, la Policía y la Aduana no hacen este trabajo en frontera; por qué empiezan a hacer operativo fuera de las terminales de Santa Cruz, Cochabamba o La Paz. Estamos verdaderamente preocupados porque se persiga al transportista”, manifestó.
Áñez sostuvo que al transportar personas, lo máximo que pueden hacer es anotar la carga que estas traen y que no tienen cómo saber si esa mercadería es o no legal.
“Lo que debería hacer es informarnos qué autoridades van a trabajar en esos controles y capacitarnos en cómo debemos actuar en estos casos. No somos Impuestos Nacionales o la Aduana para pedir factura”, remarcó.
“¿Que se luche contra el contrabando? Perfecto, pero sin atropellar a aquellos que trabajamos legalmente”, apuntó Saca.
“Estamos en contra del contrabando, pero hay que ordenarse para todos pelear debidamente contra esa actividad”, dijo Áñez.
El viceministerio pidió a la población y viajeros denunciar en el chatbot 71533208 a los buses que transporten contrabando.
Fuente: El Deber
