Gobierno pide a la Asamblea aprobar 6 contratos de crédito por $us 771,3 MM

Oficinas del Banco Central de Bolivia (BCB) en el centro de la ciudad de La Paz. Foto: Archivo / Página Siete

El contrato de mayor valor es un crédito de 500 millones de dólares con el BID para el proyecto “Apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por Coronavirus II”. El Ejecutivo asegura sostenibilidad de la deuda.

El Órgano Ejecutivo remitió a la Asamblea Legislativa seis proyectos de ley para la aprobación de seis contratos de créditos externos por 771,3 millones de dólares para diferentes proyectos carreteros y planes de preinversión. Entre ellos está un contrato por 500 millones de dólares para apoyo a poblaciones afectadas por el covid con el BID.

La oposición señala que se busca la validación de manera acelerada con recursos de libre disponibilidad y que le sirvan al Gobierno y al Banco Central de Bolivia (BCB) para fortalecer las alicaídas reservas internacionales netas.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Luis Pórcel dijo que el ingreso de los proyectos de ley a la Asamblea Legislativa fueron anunciados ayer y se derivarán a la Comisión de Planificación y Economía Plural para su análisis.

“Hay un proyecto de ley de 500 millones de dólares para apoyo a poblaciones por covid. Yo no sé qué criterio van a emplear para asignar todos estos recursos por 771 millones de dólares, son de libre disponibilidad. Son recursos para, seguro, fortalecer las RIN, el ministro de Economía lo anunció hace poco”, alertó Pórcel

Los contratos

El primer contrato de préstamo es por 58,4 millones de dólares ($us 58.400.000) para la construcción de la carretera Doble Vía Oruro-Challapata Tramo I: Oruro–Cruce Vinto-Cruce Huanuni, que fue suscrito con la CAF y el Banco de Desarrollo el 27 de enero de este año.

El segundo contrato es por 80,9 millones de dólares ($us 80.925.650) para el proyecto de construcción de y asfaltado de La Joya – Chuquichambi, Huayllamarca – Totora y los puentes vehiculares La Joya y Crucero en la RVF 031, suscrito el 27 de enero de este año con la CAF y el Banco de Desarrollo.

El tercer contrato es por un valor de 50 millones de dólares ($us 50.000.000) para el “Programa de conectividad territorial y desarrollo para Bolivia”, suscrito el 30 de diciembre de 2022 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El cuarto contrato es por un valor de 52 millones de dólares ($us 52.000.000) para el “Programa de Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo II”, suscrito el 24 de enero de este año entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El quinto contrato es por un valor de 500 millones de dólares (500.000.000) para el proyecto “Apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por coronavirus II”, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 24 de enero de este año.

El sexto contrato es por un valor de 30 millones de dólares ($us 30.000.000) para el “Programa Multisectorial de Preinversión II (Promulpre II)”, suscrito el 30 de enero de 2023 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la CAF Banco de Desarrollo.

La deuda

El saldo de la deuda externa de Bolivia al mes de octubre de 2022, según el Banco Central de Bolivia (BCB), ascendía a 13.111 millones de dólares y equivale al 29,9% del PIB. De este monto, 9.136,6 millones de dólares es con organismos multilaterales (69,7%), 1.867,4 millones de dólares se contrajo con países (bilateral) y representa el 14,2% del saldo.

La deuda con privados es de 74,4 millones de dólares (0,8%) y la deuda por emisión de bonos soberanos o títulos de deuda llega a 2.033,4 millones de dólares (15,5%).

En la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a celebrar operaciones de deuda pública en los mercados de capital externos por un monto de hasta 2.000.000.000 dólares (dos mil millones de dólares) para apoyo presupuestario y/o manejo de pasivos.

Esta emisión de bonos soberanos podrá o no concretarse en función a la situación de los mercados de capital externos y/o la necesidad de financiamiento del Tesoro General de la Nación, señala la ley.

Al respecto, el economista Germán Molina opinó que este nuevo endeudamiento del Estado aún se encuentra dentro de los márgenes de sostenibilidad que se manejan a nivel internacional, en la medida que no sobrepasen el 50% del PIB. Si el país está hoy en más de 30% del PIB en endeudamiento, aún tiene espacio.

Dijo que al ser créditos otorgados por organismos internacionales serios, se exigió al país que cumpla con todos los requisitos y que los proyectos que se van a financiar con esos recursos sean licitados y cuenten con estudios de prefactibilidad.

Según Molina, estos nuevos créditos a medida que se desembolsen ayudarán a aliviar en parte las RIN. Por ejemplo, los 58,4 millones de dólares aprobados por la CAF para el proyecto de la carretera Doble Vía Oruro- Challapata, seguro primero se entregará un 10% equivalente a unos 12 millones de dólares. “Esos recursos fortalecerán las RIN, el BCB los recibirá y los cambiará a bolivianos para el inicio de las obras a la ABC”, explicó.

Para el economista, en la medida que los organismos internacionales le acepten a Bolivia las solicitudes de nuevos créditos está bien, porque seguro antes de su aprobación se evaluó la capacidad de endeudamiento del país.

Según el Ministerio de Economía, la deuda externa del país es sostenible ya que está dentro de los límites de las métricas de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que establecen que las obligaciones no deben superar el 50% del PIB.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Foto: Ministerio de Economía

Además, la deuda pública se encuentra en los umbrales fijados por organismos internacionales como el Tratado de Maastricht del 60% y mantiene un margen aceptable para acceder a mayores recursos de inversión.

El Gobierno aclaró que los organismos no realizan préstamos si los mismos no se destinan a inversión y son evaluados antes de ser desembolsados, es decir se realiza un estudio del desempeño macroeconómico del país solicitante.

Fuente: Página Siete

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