Tras presentar el Plan de Reactivación de Empleos, el Gobierno nacional transitorio, pidió a la Asamblea Legislativa (ALP) que autorice mediante una ley que se usen alrededor de Bs13.800 millones para su ejecución.
Dichos recursos estarían inmovilizados en el Banco Central de Bolivia y originalmente estaban destinados a la construcción de la planta de propileno y polipropileno, un proyecto del gobierno anterior, según aseguraron autoridades del Ejecutivo.
“Nosotros vamos a demandar de la Asamblea que se apruebe esa utilización de estos recursos para que puedan ser aplicados tanto en la lucha contra el coronavirus como en la defensa de los empleos de los bolivianos”, dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Ortiz.
Además, señaló que “son 2000 millones de dólares, más de 13.800 millones de bolivianos que están inmovilizados, que hoy no se pueden tocar, por lo cual se necesitamos una ley”. Por lo que la presidenta Jeanine Áñez está enviando a la AL el proyecto de ley correspondiente.
Ortiz manifestó que “el país no puede estar frente a una pandemia similar en el campo de la salud como el campo económico y frente a un desafío tan grande para preservar empleos y crear nuevos empleos teniendo esos recursos inmovilizados”.
