En un informe técnico, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reveló que el abastecimiento de combustible (diésel y gasolina) al país está en una situación “crítica”, debido a la falta de pago a los proveedores. La estatal apunta al Ministerio de Economía como responsable de pagar.
Los analistas, en tanto, criticaron que las autoridades nieguen que haya desabastecimiento y más bien respondan con procesos a dueños de surtidores y denuncias contra conductores.
La exministra Teresa Morales reveló los documentos oficiales de YPFB, en los que señala que la discontinuidad del suministro de combustible redujo los saldos de seguridad y generó incertidumbre para el aprovisionamiento por la falta de pagos de manera oportuna.
En el reporte, solicita “gestionar de manera urgente los pagos oportunos de todos los servicios que requiere YPFB, a fin de mantener la continuidad del suministro de combustibles y evitar un desabastecimiento”.
El informe fue emitido el 6 de noviembre y se proyecta lo que podría pasar en los días siguientes si los pagos no se normalizan. En los primeros cinco días de noviembre, ya se tenía un desfase de 21.747 metros cúbicos (m3) de diésel y 10.285 de gasolina.
Los saldos de seguridad se fueron agotando rápidamente entre septiembre e inicios de noviembre. Se proyectó una abrupta caída para poco después del 10 de noviembre, debido a la restricción de pagos (ver infografías).
“El escenario de restricción de pagos implica discontinuidad del suministro (…).En este escenario se puede identificar el ingreso a un estado operativo de desabastecimiento, desde el 9 de noviembre aproximadamente”, revela en el documento.
Para la exministra Morales, el informe revela la “pésima coordinación” entre las instituciones responsables del abastecimiento de hidrocarburos y la mala situación económica del país, que atraviesa una escasez de dólares desde principios de año.
“El Gobierno no tiene dólares y desde enero no paga a los proveedores de gasolina y diésel. Más de 500 cisternas están en Argentina y otros 200 en Paraguay”.
“YPFB, además, recalca que la erogación de montos para la compra de combustible no le corresponde, por lo cual cualquier consecuencia que esto pueda ocasionar esta fuera de sus competencias”, indicó la exministra.
Los Tiempos intentó conocer la posición de la empresa estatal ante estas denuncias y la filtración de su informe, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Asimismo, se intentó contactar con personal del Ministerio de Economía, pero se explicó que este tema debe tratarse sólo con la petrolera.
“El Ministro de Economía no da la cara. Señor Ministro, diga cuando se van a pagar las deudas a los proveedores. YPFB se lava las manos y dice que no son responsables y la ANH no hace nada más que meter proceso a los surtidores”, cuestionó Morales ante la prensa.
El analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo Raúl Velásquez indicó que el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, ya había admitido que se debía a los proveedores y que ellos no manejan las divisas para hacer los pagos.
El analista en hidrocarburos y director de GELA, Álvaro Ríos, señaló que el informe “es contundente” y que preocupa que se procese a surtidores y encarcele a choferes.
Ambos especialistas señalaron que este problema se ahondará si se mantiene la subvención a los combustibles, por lo que proponen levantarla gradualmente o realizar una subvención diferenciada.
Diputada denuncia compras irregulares
La diputada Luciana Campero denunció la compra irregular de combustibles a una empresa con sede en Paraguay de la cual YPFB sería accionista.
De acuerdo con los documentos difundidos por Campero en sus redes sociales, en mayo de este año, YPFB solicitó, con “carácter de urgente”, comprar combustibles de Botrading SA, una empresa registrada en Asunción (Paraguay).
En su informe, la ANH señaló que no se cuenta con los certificados de calidad de origen emitidos por el proveedor ni los de homologación por parte de Ibnorca “que indique que el producto cumple con la claridad establecida”.
Aún así, se recomendó dar curso a la solicitud de compra urgente de combustibles para mantener el aprovisionamiento del mercado interno. Se desconoce si estas compras llegaron a efectuarse.
Campero también publicó documentos, según los cuales YPFB refinación es accionista de Botrading SA, junto a dos abogados, Sandra Otazu Vera y Enrique Rivarola Gaona.
“Nos vendemos diésel de mala calidad, sin cumplir los requisitos y con sobreprecio”, dijo la diputada.
Fuente: Los Tiempos
